Según han informado fuentes del sector, esta contrapartida de Codorníu a Freixenet se incluye en el acuerdo extrajudicial firmado entre ambas compañías, el pasado julio, y que supuso la retirada de todos los litigios que las enfrentaban y, por tanto, el final formal del conflicto.
La conocida como guerra del cava, que se tradujo en el intercambio de varias demandas judiciales, enfrentó desde 1996 a Freixenet y Codorníu, los dos principales elaboradores de cava de España.
El acuerdo, que tiene una cláusula de confidencialidad, supone el pago por parte de Codorníu de más de cuatro millones de euros a Freixenet y la entrega de más de dos millones de botellas blancas esmeriladas.
Botellas blancas almacenadas
Codorníu tenía almacenadas desde hace años esas botellas blancas sin posibilidad de comercializar por orden judicial debido a su similitud con el envase de la marca Carta Nevada, propiedad de la compañía controlada por la familia Ferrer.
La valoración de estas botellas la realiza la propia Codorníu, que en su memoria económica correspondiente al ejercicio 2004-2005 concretaba que "siguiendo un criterio de prudencia valorativa", el grupo había dotado una provisión por importe de 3,61 millones de euros correspondiente al valor de las existencias de botellas blancas almacenadas desde hace años y destinada a "cubrir el impacto de posibles contingencias derivadas del litigio".
Según el informe de auditoría de cuentas, Codorníu también había registrado una provisión para cubrir el coste de la destrucción de estas existencias como consecuencia de una decisión judicial adversa -que se había recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional-, una cantidad de dinero que la compañía se ahorrará después de acordar la cesión de las botellas blancas a su principal competidor.
Diez años de guerra del cava
La denominada 'guerra del cava' se inició en 1996 cuando Codorníu denunció que Freixenet había comercializado botellas de cava sin los nueve meses de crianza mínima exigidos por el reglamento del Consejo Regulador del Cava, que acabó sancionando al grupo propiedad de la familia Ferrer.
Freixenet recurrió esta sanción, que fue anulada por el Tribunal Constitucional, y acusó a Codorníu de haber utilizado ilegalmente la variedad tinta "pinot noir" -que por aquel entonces no estaba autorizada para elaborar cava blanco-, de excederse en los rendimientos en su finca de Raimat (Lleida) y de plagiar las botellas blancas esmeriladas de su Carta Nevada.
El pasado miércoles, en la rueda de prensa de presentación de los resultados de Freixenet, su presidente, José Luis Bonet, calificó de "muy satisfactorio" el acuerdo y tachó de "despropósito" el enfrentamiento entre ambas compañías, que se prolongó durante diez años.
Precisamente, el boicot ha afectado más a Codorníu, más dependiente del mercado interior, y la compañía ha tenido que vender su sede en Gran Vía al grupo Catalonia por 32,8 millones, unos atípicos que podrá contabilizar en el ejercicio 2006-2007.
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