Este recorte supone una reducción del 20 por ciento respecto a las emisiones producidas en 2005, apuntó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las compañías tendrán que pagar por cualquier emisión de gases de efecto invernadero que supere estos límites.
En 2005, el primer año de la entrada en vigor de los planes nacionales de los derechos de emisión de gases contaminantes, la industria española emitió 10 millones de toneladas de CO2 más de lo permitido.
El motivo de este incumplimiento fue principalmente el uso masivo de carbón y petróleo en la generación eléctrica para compensar la menor capacidad nuclear e hidroeléctrica disponible.
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