Los ministros de Agricultura de la Unión Europea continúan a puerta cerrada una sesión de negociaciones que se preveía pública para tratar de acercar posiciones sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), con importantes diferencias en elementos como la prórroga de la cuota del azúcar, la flexibilización en la convergencia interna de las ayudas dentro de cada país y el margen para repartir pagos acoplados -vinculados a la producción.

En un receso de las negociaciones, el ministro irlandés, Simon Coveney, que este semestre ejerce la presidencia de turno de la UE, ha calificado de "diametralmente opuestas" los puntos de vista de varios Estados miembros sobre el porcentaje del sobre nacional que se debería permitir asignar a ayudas acopladas.

La última propuesta de acuerdo que Irlanda ha puesto sobre la mesa ofrece un 12 % de apoyos acoplados, un margen que no llega al 15 % que defienden países como España, Francia, Italia y Polonia, pero que mejora el 10 % previsto en documentos anteriores. Del otro lado, países tradicionalmente liberales como Reino Unido, Alemania y Suecia son partidarios de reducir al máximo este tipo de instrumento, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

También queda por aclarar si los 27 acuerdan extender el grupo de sectores que se podrían ver beneficiados por las ayudas vinculadas a la producción, entre los que España querría que estuviera la ganadería, el tabaco y el algodón.

Otro de los elementos que Coveney ha considerado "más difíciles" para lograr un consenso es la prórroga del sistema de cuotas de producción del azúcar que pide un grupo de países, entre los que está España, y frenar así la liberalización del sector revista para 2016. La fecha que está ahora sobre la mesa es 2017 y el ministro irlandés ha opinado que esa es la "más temprana" que se puede barajar para lograr el acuerdo.

La convergencia interna que pide Bruselas para que todos los agricultores de un mismo país reciban el mismo nivel de ayudas independientemente de su región o producción es otro de los elementos más espinosos que continúan abiertos tras dos días de negociaciones, según fuentes comunitarias.

España, también apoyada por Francia en esa reivindicación, pide flexibilizar este reequilibrio, pero encuentra la oposición de países que, como Alemania, ya aplican un pago regionalizado y no ven razón para suavizar la regla.

Lo que propone la presidencia como solución es limitar esa aproximación entre las ayudas al 30 % de la diferencia que separa la media de pago en una región del 90 % de esa media, una opción que satisfaría los intereses de la delegación española.

Otra de las líneas de batalla del ministro español, Miguel Arias Cañete, es el reconocimiento del potencial medioambiental de cultivos permanentes como el olivar y la viña para que reciban el llamado 'pago verde' o 'greening', es decir el 30 % de las ayuda directas que estarán condicionadas a esfuerzos ecológicos, sin que se les reclame medidas adicionales.

Sobre este asunto, la propuesta de compromiso que examinan los ministros aboga por considerar equivalentes a las prácticas del 'greening' los cultivos permanentes terrenos con al menos un 10 % de pendiente o con entre 20 y 250 árboles por hectárea.

Fuentes comunitarias han explicado que esta fórmula no implica el reconocimiento "automático" de los cultivos leñosos, pero hace "muy probable" que se puedan beneficiar de esta excepción el olivar tradicional y el viñedo.

El texto, que aún sufrirá modificaciones en los contactos en curso hasta cerrar el acuerdo, atiende también a la petición española de limitar en algún modo el máximo de superficie elegible para recibir fondos a partir de 2014.

El Gobierno teme que sin esta flexibilización tendría que repartir las ayudas entre 38 millones de hectáreas en lugar de las aproximadamente 22 millones que registró en 2011 y, según fuentes consultadas, el mecanismo de ajuste que propone la presidencia permitiría a España mantener la superficie elegible en niveles actuales.