La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Alba, ha denunciado este lunes que el endurecimiento por parte del Gobierno central de los requisitos para el acceso a las ayudas al estudio compensatorias pondrá en peligro el futuro de 1.628 jóvenes malagueños.

En este sentido, Alba, quien ha recordado que se establece una media de 5,5 en los estudios anteriores para la obtención de la ayuda en primero de Bachillerato y FP de grado superior, ha considerado que se trata de "una medida injusta, que exige unos resultados académicos al alumnado más desfavorecido que no se pide al resto, cuando, precisamente, se trata de estudiantes para los que el estudio supone un esfuerzo y una dedicación extra".

"Se les priva de unas ayudas en unos momentos que son más necesarias que nunca, ya que las familias tienen menos ingresos y padecen más desempleo y dificultades económicas", ha manifestado la delegada en rueda de prensa.

También ha declarado que se trata de "un tremendo ataque a la equidad que incrementará el abandono educativo o exigirá a las familias sacrificios enormes para que sus hijos puedan estudiar".

En total, las familias malagueñas dejarán de percibir 3,3 millones de euros del Gobierno central en concepto de becas y ayudas al estudio, un hecho que contrasta con el "esfuerzo" de la Junta de Andalucía en esta materia, que crece con recursos propios un 14 por ciento.

Así, la Consejería de Educación mantiene las bonificaciones a las familias en servicios complementarios como el comedor, que la mitad de los usuarios recibe de manera gratuita, así como las ayudas al estudio propias, como la Beca 6000 o la Beca Segunda Oportunidad, iniciativas únicas en España para combatir el abandono educativo temprano.