El presidente del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha acordado destinar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Dos Hermanas (Sevilla) a la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que hasta la pasada semana estuvo adscrita al Juzgado de Sevilla que investiga, entre otras 'macrocausas', los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que Ana Rosa Curra trabajará en dicho órgano judicial hasta mediados del próximo mes de abril, cuando la juez irá destinada en comisión de servicio al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, cuyo titular, a su vez, pasará a una de las cuatro secciones civiles que conforman la Audiencia Provincial de Sevilla.

Hay que recordar que el presidente del TSJA acordó el pasado jueves que fuera Rogelio Reyes, y no Ana Rosa Curra, el juez de adscripción territorial que reforzara al menos durante los seis próximos meses el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

El acuerdo del presidente establece que Rogelio Reyes se haga cargo, "con plena jurisdicción, del trámite y resolución de los asuntos ordinarios correspondientes a dicho Juzgado, incluidos singularmente todos los de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento", todo ello no obstante "sin perjuicio, además, de colaborar con la magistrada titular —Mercedes Alaya— y ejercer funciones de sustitución interna".

También la pasada semana, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal acordó atribuir a la magistrada Mercedes Alaya, que se reincorporó al Juzgado tras casi seis meses de baja médica, la instrucción de las cuatro 'macrocausas' que investigaba.

Así, la Sala de Gobierno aceptó la petición de la magistrada, que solicitó quedarse con un sólo juez de refuerzo y la atribución de las cuatro 'macrocausas', como son los ERE fraudulentos; las relativas a supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario cometido supuestamente también en la lonja, y la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Betis.

El Alto Tribunal andaluz recordó a la juez Alaya "la importancia" de que "no se dilate la instrucción de las causas que tiene asignadas, aún conscientes de su complejidad y extraordinaria dedicación, con el fin de que el proceso penal se ajuste a pautas temporales razonables y asegurar que la acción de la Justicia cumpla su función constitucional con la máxima eficacia".