El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes para su remisión al Congreso el Proyecto de Ley de Garantía de Suministro e Incremento de la Competencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIE), dirigido a la actividad eléctrica en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

En una nota, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo explica que la norma aspira a elevar la competencia y la eficiencia en estos sistemas extrapeninsulares para lograr un ahorro de costes que beneficie al conjunto del sistema eléctrico.

El proyecto de ley, señala, pretende sentar las bases para el desarrollo de los nuevos regímenes retributivos, así como el refuerzo de las herramientas de actuación por parte de la Administración ante situaciones de riesgo.

Para ello, posibilita la entrada de nueva generación en estos territorios con medidas como la de permitir nuevas instalaciones en zonas donde se supera el índice de cobertura, y favorece la entrada de nuevos operadores al impedir que las empresas con más de un 40% de presencia pueden disfrutar de potencia adicional primada.

Dentro de esta limitación, se exceptúan las instalaciones que hayan sido adjudicatarias en concursos de renovables, las que dispongan de autorización administrativa o las que hayan sido inscritas en el registro de preasignación de retribución de régimen especial.

También habrá un nuevo mecanismo retributivo para nuevas instalaciones destinado a reducir el coste de generación, la exigencia de una resolución específica para tener derecho a retribución y una "optimización en el cálculo del coste del combustible".

Por otro lado, Industria podrá recortar la retribución adicional destinada a la actividad de producción en el caso de que se produzca una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones, de la seguridad del suministro o de los índices de calidad.

Retirada de pagos por capacidad

Junto a esto, Industria ensayará un nuevo mecanismo para comprobar si las centrales térmicas que cobran pagos por capacidad por estas disponibles realmente cumplen estos requisitos.

Para ello, el operador del sistema dará órdenes de arranque a las instalaciones de generación en estos territorios sobre las que existan indicios de que no se encuentran realmente disponibles y, en su caso, se suprimirá la retribución por garantía de potencia. Si la instalación no corrige sus deficiencias deberá solicitar la baja en el registro.

Riesgo y titularidad

Por otro lado, se reforzará la capacidad de actuación del Gobierno en los casos de riesgo para la seguridad de suministro, para lo que se modificará la Ley del Sector Eléctrico que establece que, en casos de riesgo elevado, el Gobierno puede realizar la operación directa de instalaciones de generación, transporte y distribución e intervenir una empresa.

Junto a esto, y a la vista de la importancia de las instalaciones de bombeo y plantas de regasificación en estos territorios para garantizar la seguridad de suministro, la titularidad de estos activos corresponderá al operador del sistema eléctrico y al gestor técnico del sistema gasista, esto es, a REE y a Enagás, respectivamente.

FRACKING

Además de estas medidas relativas a los sistemas insulares y extrapeninsulares, el proyecto de ley incluye medidas para reforzar el seguimiento y control de la investigación de recursos de hidrocarburos no convencionales.

Con el objeto de evaluar los impactos sobre el medio ambiente de los proyectos que requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, se incluirá la obligación de someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, se incluirá la técnica de fracturación hidráulica en el ámbito objetivo de la Ley 34/1998.