La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Valencia (PAH-Valencia) ha anunciado este viernes que la próxima semana acudirá al "entorno más cercano" de los diputados valencianos del PP y UPyD, al vecindario de sus barrios y a los lugares que frecuentan, una campaña de 'escrache' informativa y pacífica para acercarles el rostro y las consecuencias de la actual ley hipotecaria y animales así a apoyar "íntegramente" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), admitida a trámite en el Congreso.

La iniciativa, que ya se ha llevado a cabo en Madrid y en Barcelona bajo el nombre de 'Vidas en juego', llega ahora a Valencia para "señalar" a los parlamentarios populares, que ya han anunciado que presentarán enmiendas "restrictivas" a la ILP y a los de UPyD, que por el momento se mantienen en la "ambigüedad" y no se han pronunciado al respecto.

Donde ellos vayan, acudirán para hacer sus asambleas con unos carteles que emulan los botones que tienen para votar en el Congreso: verdes 'Sí se puede', rojos 'Pero no quieren'. "Vamos a concienciar a su vecindario, que sabrán de su desafección por la ciudadanía".

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa Yolanda Prats, portavoz de la PAH-Valencia, quien ha explicado que la primera fase de la campaña comenzó el pasado 18 de febrero, con una carta a todos los grupos políticos para invitarles a asistir a una de sus asambleas y conocer de primera mano el problema que viven y cuyo plazo acababa el 7 de marzo.

Ante el "silencio" de UPyD y anuncio de los 'populares' de presentar enmiendas a la ILP que reclama la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social de las viviendas en manos de entidades financiaras y la paralización de los desahucios, la PAH valenciana se dirigirá a los diputados de estas formaciones con un escrache informativo, que imita la protesta que llevaron a cabo las víctimas de la dictadura de Argentina para señalar a los responsables de la represión en sus propios barrios y trabajos.

"punto de inflexión"

Ahora, la PAH cuenta con una "herramienta" más que apoya sus reivindicaciones, ha celebrado Prats. Se trata del "punto de inflexión" que supone la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que este jueves dictaminó que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria por no garantizar a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

Para la PAH valenciana, esta sentencia pone de manifiesto la "ilegalidad" de la legislación vigente que lleva veinte años, desde 1993, "vulnerando los derechos fundamentales de las personas", y que ha posibilitado que desde 2007 se hayan realizado 450.000 ejecuciones hipotecarias "con total indefensión".

En la Comunitat Valenciana, según una estadística elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y facilitada este viernes por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), a fecha de 31 de diciembre de 2012, Alicante se sitúa como la tercera provincia española —por detrás de Barcelona y Madrid— con más ejecuciones hipotecarias en trámite (15.477), Valecia en cuarto lugar con 11.717, mientras Castellón tiene 4.346.

No obstante, la sentencia europea, cuya normativa está por encima de la española, ha remarcado, "obliga al Gobierno del PP a modificar la legislación". El PP ha hecho un "ridículo notable" pero ahora "tiene una oportunidad única para legislar en favor de las personas", ha subrayado Prats.

Solicitudes a los juzgados

La portavoz de la PAH-Valencia ha avanzado también que la sentencia del TJUE, que es vinculante, otorga una "herramienta a los jueces", hasta ayer estaban "atados de pies y manos", para poder paralizar los procesos de las ejecuciones hipotecarias. Antes, ha explicado, no podían paralizar el proceso y después del desahucio se determinaba si las cláusulas del contrato hipotecario eran abusivas, pero con esta sentencia "cuentan con una herramienta para paralizar el proceso hasta que se determine si hay abuso", mientras se modifica la ley.

En este sentido, los departamentos jurídicos de todas las PAH se reunirán este sábado en Madrid para analizar la sentencia europea y elaborar un escrito que se presentará se dirigirá a los juzgados para solicitarles que paralicen este tipo de procedimientos.