El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha asegurado que la Junta de Andalucía está llevando a cabo "traslados ilegales" en la Junta, toda vez que los funcionarios han tenido conocimiento del traslado de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla a la nueva sede administrativa en la zona de Los Bermejales de la capital hispalense.

En una nota, el SAF asegura que la Administración andaluza "no ha informado de las movilizaciones, no las ha negociado con los sindicatos, no las justifican y sólo hablan de ahorro cuando suponen un gasto de 7,5 millones de euros anuales".

Ante este traslado de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla a la nueva sede administrativa que la Junta de Andalucía prevé abrir en la zona de Los Bermejales, los funcionarios denuncian en un escrito dirigido a los viceconsejeros de las consejerías de Fomento y Vivienda y de Turismo y Comercio para mostrar su "más absoluta disconformidad", por entender que "existen motivos suficientes que aconsejan la permanencia de las actuales sedes".

Esta Delegación Territorial, situada en un edificio propiedad de la Junta en la Plaza de San Andrés, atiende y asesora a un elevado número de ciudadanos, 35.800 personas han sido asistidas en un año. "Son decenas de miles de personas, la mayoría mayores y discapacitadas físicas, que el desplazamiento a zonas del extrarradio perjudicaría su atención, circunstancia prioritaria y a la que nos debemos como empleados y Administración Pública que somos", afirman los funcionarios firmantes del escrito.

Los trabajadores también muestran su indignación ante lo que consideran "cuando menos errónea la alusión a un considerable ahorro económico que dichos traslados representan", pues "se omiten el gasto que supondría la movilización de los cuatro edificios que integran la Delegación Territorial y el gasto de realojamiento de nuevas unidades en las citadas sedes a desalojar".

Agrega que "aunque uno de los mayores despilfarros es el relacionado con el gasto que supone el nuevo edificio de los Bermejales, cuya inversión ronda los 50 millones de euros, supone un gasto en concepto de renta anual de 7,5 millones de euros durante 22 años y tres meses, es decir más de 165 millones de euros de las arcas públicas andaluzas".

Asimismo, "la conciliación de la vida laboral y familiar, el trastorno y el perjuicio ocasionados por gastos personales en desplazamiento y adecuación, y lo precipitado del traslado" son otras de las reivindicaciones que recogen los funcionarios públicos en el escrito.

Denuncia de los representantes sindicales

El SAF agrega que "precisamente de los problemas que acarrearía y de las irregularidades cometidas por los traslados ya avisó la junta de personal de los servicios centrales de la Administración General de la Junta de Andalucía".

Este órgano de representación de los funcionarios públicos, formado por SAF con 16 delegados, CSIF con ocho, Ustea con cinco y SAT con dos, lleva meses "evidenciando que las movilizaciones de personal, surgidas del Decreto del Presidente 3/2012 de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, no cumplen la legalidad".

Los representantes sindicales denunciaron ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública que "se estaban realizando traslados de personal en distintos centros de trabajo de la Junta obviándose los trámites legales". Agregaron que estos traslados "no se han publicado en BOJA, no se han informado de los mismos a la junta de personal, ni mucho menos se han negociado con los sindicatos, vulnerando toda la legislación vigente al respecto".

En este sentido, el Estatuto Básico del Empleado Público señala que "las administraciones públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos".

La junta de personal agrava "un posible delito de prevaricación en los actos irregulares cometidos por la Administración, puesto que el Código Penal establece de forma expresa que 'a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años'".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios muestra su "indignación" ante un procedimiento que "se está llevando a cabo al margen de toda legalidad", toda vez que "la Junta de Andalucía se salta los cauces que marca la Ley e ignora los derechos de sus propios trabajadores".

El SAF se siente "ninguneado ante una Administración que no informa, no negocia y no publicita actuaciones directamente relacionadas con las condiciones de trabajo del personal funcionario y en las que, como establece la Ley, deberían tener parte los trabajadores y sus representantes".

El sindicato se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales sean oportunas para la defensa de los derechos e intereses de los funcionarios públicos.