Un total de 27 oficiales y cinco suboficiales del Ejército del Aire están acusados de estafar al Ministerio de Defensa con facturas falsas de mudanzas, una trama liderada por un teniente que gestionaba la entrega de documentos manipulados para cobrar las indemnizaciones por cambio de residencia.

El presunto cabecilla ideó el fraude e invitó desde 2008 a otros compañeros, que han acabado imputados como él en la causa que instruye un juzgado militar.

En concreto, se han encontrado indicios contra un comandante, ocho capitanes, 17 tenientes, cinco sargentos y un ahora exteniente, a los que se atribuyen presuntos delitos contra la hacienda militar y de deslealtad, penados con hasta diez y seis años de prisión, respectivamente, según el Código Penal Militar. También hay un civil, hermano del cabecilla, implicado.

El fraude se servía de las indemnizaciones que paga el Ministerio por cambios de residencia forzosos, en los que abona mudanzas y dietas. El principal acusado presuntamente ideó una trama en la que cumplía todos los trámites sin contratar a ninguna empresa: presentaba presupuestos falsos de tres empresas y después adjuntaba una factura falsa por las mudanzas, que nunca se hacían.

Sin hacer ningún pago, el militar que se trasladaba cobraba la indemnización, de la que el cabecilla se embolsaba en torno al 25%.

Según el atestado policial remitido al juez, los primeros indicios surgieron de "forma casual", cuando un encargado de revisar los documentos aportados para solicitar las indemnizaciones detectó un error en una factura, por el que convocó a una de las empresas de mudanzas perjudicadas pensando que se trataba de un simple fallo tipográfico.

Los responsables de esta empresa descubrieron así que se había estado suplantado su identidad en varias facturas por mudanzas para las que se habían pedido presupuestos, pero que nunca se habían realizado.

Esta empresa presentó una denuncia en julio de 2012, representada por la abogada María Luz Jiménez Sánchez, que inició una investigación. También envió una carta al Ministerio para informarle de la "utilización fraudulenta de sus facturas y presupuestos" desde el año 2008.

Antes de que se presentara la denuncia, y al conocer que el supuesto fraude había sido destapado, el presunto cabecilla contactó con los propietarios de esta empresa y se citó con ellos en un centro comercial de Madrid. Allí, según ha explicado a Europa Press la abogada, les pidió que no iniciaran "ningún tipo de acción penal" y les "chantajeó", ofreciéndole dinero y "unas vacaciones pagadas en Gran Canaria por un mes en residenciales exclusivos para militares".

En su declaración ante la Guardia Civil, la denunciante explicó que incluso se les ofreció implicarse en la trama, realizando facturas sin hacer las mudanzas, por lo que podían tener "un beneficio de alrededor de 50.000 euros al año".

Los propietarios de la empresa rechazaron la propuesta y presentaron una denuncia ante un juzgado civil, que remitió la investigación al Juzgado Togado Militar número 11 de Madrid, que ha imputado a 31 militares. En un reciente auto, este juzgado ha dispuesto su inhibición a los Juzgados Togados Centrales, ya que uno de los implicados es un comandante, que es aforado y por ello no ha sido imputado aún.

Tras la denuncia, al comprobar la ilicitud de las facturas, agentes de la Guardia Civil registraron el domicilio y el lugar de trabajo del principal imputado, en la base aérea de Son San Joan, de Palma de Mallorca. Fue detenido y puesto en libertad ese mismo día, el pasado 11 de diciembre.

Según consta en el atestado, encontraron "diferentes indicios incriminatorios de la confección de facturas y presupuestos falseados, así como quiénes son sus autores materiales y quiénes las utilizaban de manera fraudulenta". También aparecieron correos electrónicos que implicaban directamente a un capitán en la elaboración de facturas falsas.

Días después, la Guardia Civil también registró el domicilio y lugar de trabajo de este capitán, en la base aérea de Zaragoza, a quien se tomó declaración en calidad de detenido antes de su puesta en libertad. El teniente le había avisado por teléfono, por lo que el capitán, según reconoció, pudo borrar archivos.

En los documentos encontrados, se constata que ambos eran presuntamente los encargados de elaborar todos los documentos falsos por los que se acreditaban unas mudanzas que nunca se llevaron a cabo y de la que se beneficiaron al menos una treintena de oficiales.

Estos "ilícitos clientes" pagaban por estas gestiones a los creadores de la farsa un porcentaje de "alrededor del 25% del valor de lo presupuestado", según consta en el atestado. La mayoría de los pagos se hicieron en metálico, según han admitido a la Guardia Civil, aunque algunos se ingresaron en una cuenta a nombre del hermano del teniente.

Además de la empresa denunciante representada por María Luz Jiménez Sánchez, la trama realizó facturas falsas de otras cuatro empresas reales que, también "de forma totalmente involuntaria y desconocida", aparecen en los documentos presentados para solicitar indemnizaciones. También utilizaron "empresas ficticias" para sus fines, como una supuesta compañía que bautizaron 'Mudanzas Pérez'.

En total, la Guardia Civil considera acreditado que el dinero obtenido "de las arcas del Ministerio de Defensa de forma engañosa y fraudulenta" por parte de estos militares asciende a 92.234 euros, aunque no descarta que puedan aparecer "más defraudadores". De hecho, la abogada apunta que "con toda probabilidad" van a "aparecer nuevas empresas de mudanzas" y el importe defraudado podría superar "con creces" la cifra acreditada en la actualidad.

En sus declaraciones ante la Guardia Civil, los militares presuntamente implicados reconocieron haber recurrido al teniente para solicitar indemnizaciones por traslado, después de que éste les ofreciera sus gestiones tras enterarse de sus cambios de residencia o por recomendaciones de terceros. Entre ellos, hay once con destino en Palma de Mallorca, además del cabecilla, cinco en Torrejón de Ardoz y cinco en Cuatro Vientos.