El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha rechazado el anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública al entender que "es un ataque frontal a la autonomía local".

"No nos parece adecuado que este anteproyecto de Ley se está tramitando sin consenso entre las grandes fuerzas políticas. La posición del Ejecutivo regional es contraria a la redacción actual. Rechazamos este anteproyecto de Ley", dijo el consejero tras el Consejo de Gobierno.

Aquí, Spínola hizo especial hincapié en que elevará al Ministerio un informe con las objeciones al texto del anteproyecto de ley.

Entendió así que el mismo supone un "ataque frontal" a la autonomía local. "Es una Ley agresiva —agregó— que tiende a privatizar los servicios públicos. Además vulnera el orden de distribución de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma".

Por su parte, el Gobierno canario añadió que la redacción actual no contempla la singularidad de Canarias e insistió en que promueve la privatización de servicios públicos bajo la defensa del control financiero y presupuestario.

Es el momento para abordar una reorganización

En este sentido, el consejero compartió con el Estado que este es el momento adecuado para abordar una reorganización de la Administración Pública, pero considera que la propuesta trasladada por el Ministerio no promueve una reforma integral, sino que se limita a modificar parcialmente la Ley de Bases de Régimen Local.

El Gobierno canario entiende que el anteproyecto no aborda una reforma completa de la normativa local, que precisa de una Ley del Gobierno y la Administración Local, acompañada de la modificación de la Ley de Haciendas Locales y del sistema de financiación local.

Con todo, el informe analizado hoy por el Consejo de Gobierno cuestiona que texto del Ministerio vulnera la autonomía local al hacer prevalecer sobre éste, el principio de control financiero, que en esta norma se ha utilizado para reducir la capacidad de gestión de los ayuntamientos, especialmente aquéllos de menos de 20.000 habitantes.

Canarias defiende su mapa municipal

Spínola señaló que el Gobierno regional defiende el mapa municipal canario, con sus 88 ayuntamientos con plenas facultades y capacidades para la gestión de sus propias competencias y rechazó convertir a los ayuntamientos en "meras carcasas" sin capacidad de actuación.

Además, entendió que con el establecimiento de un marco competencial municipal uniforme para todo el territorio español, el Gobierno de España está vulnerando competencias autonómicas.

El Gobierno canario por tanto incluye entre sus objeciones el sistema de reparto competencial previsto que impide a las comunidades autónomas no solo decidir, sino cualquier intervención para determinar cual es el ámbito territorial más adecuado para la prestación de los servicios.

Que el estado "reflexione" y varíe su propuesta

El Ejecutivo esperó que el Gobierno de España "reflexione" y varíe su propuesta para fomentar una reforma real, consensuada y fundamentada en criterios objetivos y análisis reales que den prioridad a la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y que defienda la gestión pública de los mismos, en vez de justificar en el control financiero la tendencia hacia la privatización.

"Y lo más importante, esperamos que las singularidades canarias, que han quedado fuera del anteproyecto de ley, sean recogidas en el texto definitivo que apruebe el Gobierno de España en forma de proyecto de ley para elevar a las Cortes Generales", concluyó.