La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de declarar "ilegal y abusiva" la legislación española de desahucios no ha tardado en tener su respuesta por parte del colectivo más a favor de mantener básicamente intocable la actual normativa. Así, la Asociación Española de Banca (AEB) ha hecho público un comunicado en el que tilda de "razonable y constructiva" la sentencia europea, e insta a cumplir el dictamen e "interpretarlo en la misma línea, esto es, en términos razonables y constructivos".

Más ambigua ha sido la respuesta de la Asociación Hipotecaria Española (AHE, formada principalmente por bancos y cajas), que ha defendido como "perfectamente asumible" por el ordenamiento jurídico español la posibilidad de ordenar suspensiones temporales de aquellas ejecuciones con cláusulas abusivas. Sin embargo, tras aceptar que se dote a la ley de más mecanismos de protección, niegan en todo caso que los procesos de desahucio puedan ser considerados en general abusivos o ilegales. "Habría que demostrar que realmente los contratos han contenido cláusulas abusivas", añaden, algo que solo puede ser declarado en sede judicial.

Así, pese a la urgencia de los colectivos afectados, y a la espera de que el Gobierno lleve a cabo las pertinentes y anunciadas (tanto por Gallardón como por Rajoy) modificaciones legales recomendadas por el tribunal europeo, el balón de una posible paralización general de los procesos de desahucio está ahora en el tejado de los jueces. Son ellos, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, los que podrán realizar una interpretación de la ley más proteccionista con los desahuciados hasta que la nueva legislación sea aprobada.

Miembros de la asociación de Jueces para la Democracia (la organización desde la que se promovió este caso) están estudiando actualmente la sentencia para, "en un tiempo razonable", encontrar una forma de paralizar temporalmente los desahucios. "El fallo abre la puerta a interpretar la actual ley hipotecaria de una forma más beneficiosa para las familias" ya que hasta ahora estaban atados de pies y manos, han señalado fuentes de JPD.

En esta misma línea, el sindicato de secretarios judiciales Sisej ha instado a todo el colectivo a aplicar de forma inmediata esta sentencia. "Debemos suspender las subastas ya señaladas y los lanzamientos siempre que el demandado sea una persona física y el secretario estime la existencia de cláusulas abusivas, para lo cual la sentencia proporciona criterios, dando cuenta al juez o magistrado", han explicado en un comunicado.

La actual legislación hipotecaria, pese a la sentencia del TJUE, no ha sido derogada ni se ha visto limitada su aplicación. "Lo que hace tan solo es certificar que durante el proceso de ejecución hay una parte que está en indefensión respecto al banco", explica Francisco Jurado, abogado y miembro de la plataforma OpeEuribor, que acaba de presentar (disponible aquí para todos los afectados) un modelo de demanda con el que abrir un proceso declarativo paralelo que pueda retrasar la aplicación del lanzamiento.

La reciente sentencia, al reconocer el carácter abusivo de la legislación, permitirá, en teoría, ampliar el abanico de causas tasadas según las cuales se puede considerar a un contrato hipotecario como "abusivo". Este es el caso de las hipotecas referenciadas al Euríbor (el tipo de referencia marcado, en teoría, por el mercado interbancario europeo, pero puesto ahora en entredicho por una supuesta manipulación).

Pese a los distintos llamamientos por parte de colectivos sociales que reclaman medidas radicales como la dación en pago retroactiva o una moratoria hipotecaria para la totalidad de las ejecuciones, expertos en el mercado financiero apuestan por una postura más sosegada. Para Joaquín Maudos, Catedrático de la Universidad de Valencia, no habría que magnificar la sentencia del TJUE y dar pie a una reforma de la ley que pusiera en peligro la solidez del sistema hipotecario español.

En España hay más de 350.000 millones de euros en cédulas hipotecarias, cuyo valor se sustenta en la históricamente baja tasa de morosidad hipotecaria. "Ese caudal de liquidez ha permitido hipotecas más baratas que en países de nuestro entorno, pero si afectamos a la calidad de las mismas el crédito hipotecario se encarecerá por un aumento de los intereses", explica. En su opinión, se deberían descartar medidas como la dación en pago retroactiva ya que dispararían los niveles de morosidad de las entidades y pondrían en peligro su solvencia.

El profesor Maudos, básicamente, apuesta por instaurar alguna modalidad de dación en pago para casos extremos, y combinado con una política social más efectiva que no haga necesario modificar la ley hipotecaria.