La directora xeral de Produción Agropecuaria, Patricia Ulloa, ha reconocido un recorte generalizado del 20% en las ayudas consignadas por los planes de desarrollo rural pero ha destacado que, precisamente gracias a esta reducción en la cuantía, se pudo "llegar a más explotaciones", un total de 625 que recibieron de media unos 26.000 euros.

En la comisión de agricultura del Parlamento gallego, la diputada del BNG Tereixa Paz ha preguntado por el motivo de este recorte "lineal", ante lo que Ulloa ha explicado que se hizo "para llegar a más explotaciones", ya que se recibieron 1.169 solicitudes de las que 747 eran "aprobables" —cumplían los requisitos—.

Así, la alto cargo de la consellería ha señalado que fueron aprobadas 625 peticiones por un importe superior a los 16,5 millones de euros, que movilizarán inversiones de hasta 42,5 millones de euros en el medio rural gallego.

La "alternativa al recorte de ayudas", ha dicho Ulloa, era aprobar 356 expedientes, puesto que este número era el que "podía entrar con el presupuesto disponible" y adjudicando el importe "máximo" fijado por las bases reguladoras de la orden de subvenciones.

No obstante, el Gobierno gallego optó por reducir la cantidad otorgada para "optimizar recursos". Así, Ulloa ha defendido que, de esta forma, consiguió "que llegue dinero al campo", mediante la asunción de una "pequeña" disminución y logrando pasar de 356 a 625 el dato de beneficiarios, un 75% más, "que se dice pronto".

Ante estos números, y pese a agradecer a Ulloa que "no niega la evidencia", la portavoz del Bloque en la materia ha reprobado que la consellería elija el "reparto de la miseria" y ha acusado a los populares de "cicatería y falta de interés por el medio rural", puesto que, aportando 6,4 millones de euros —entre Xunta y Estado, a partes iguales—, ambas administraciones recaudan 8,8 millones procedentes del IVA, "reflexión" que a la directora xeral le ha parecido "interesante" pero "extemporánea".

Reforestación de tierras

Por otra parte, en la misma comisión, el secretario xeral técnico de la Consellería de Medio Rural e do Mar, Francisco Vidal-Pardo, ha admitido que las labores relativas a denuncias por reforestación de tierras agrarias comenzaron en febrero de 2012, con una "modificación presupuestaria" a partir de la cual se fijó el umbral de tres multas coercitivas para exigir a los particulares la retirada de las plantaciones ilegales.

A este respecto, Vidal-Pardo ha informado de la existencia de cinco expedientes, de los que en dos casos se comunicó el plazo de 10 días para dicha retirada. Uno de los titulares lo realizó de forma voluntaria y el otro caso requirió la actuación de la consellería.

Este año, la Xunta prevé ser "más ágil" en esta cuestión y actuar contra un mayor número de incumplimientos, ha asegurado el alto cargo, ante los agradecimientos del parlamentario de AGE Antón Sánchez por "la sinceridad" pero no sin advertirle de que esta problemática afecta "mucho más" al campo gallego.