La Abogacía de la Generalitat valenciana considera que "la normal actuación" en el caso Nóos pasa por "ejercitar la acción penal junto con la acción civil", porque es, además, lo que se ha hecho en otros "procesos penales de relevancia" como los casos cooperación o Emarsa.

Así consta en el informe encargado por la Generalitat a los servicios jurídicos, que ha dado a conocer hoy el portavoz adjunto de EU Ignacio Blanco durante el debate en Les Corts Valencianes sobre la creación de una comisión de investigación parlamentaria del caso Nóos.

Según el documento, en caso de ejercitar la acción penal, la Generalitat debe determinar "la persona o personas frente a las que dirige su acusación y la calificación de los hechos", además de estar obligada a determinar "los delitos imputables a cada uno de los acusados".

En este punto está, según Blanco, la razón por la cual el Gobierno valenciano no ha querido ejercer la acción penal en esta causa, ya que en caso se hacerlo, debería acusar directamente al expresident de la Generalitat Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y a su juicio, ambos "pesan mucho" en el PP.

Los letrados de la Generalitat consideran que ejercitar solamente acciones civiles "conlleva una escasa incidencia en la calificación penal", pues "actuamos, pero no tenemos una posición activa contra los imputados", señalan.

Para Blanco, "este es el resumen de lo que está pasando" con el caso Nóos en la Generalitat y el Ayuntamiento, que actúan "para cubrir el expediente presionados, después de más de un año, por la opinión pública, pero no quieren tener una posición activa contra los imputados, los de ahora y los futuribles".

El informe, que tiene fecha del 5 de febrero y que remarca que se ha realizado tras lo conocido por los medios de comunicación -y no por que hayan recibido comunicación oficial alguna del juzgado que instruye el caso-, también plantea la posibilidad de plantearse "una mera personación como parte perjudicada con reserva expresa de las acciones penales que pudieran corresponder a la Generalitat", que es lo que finalmente decidió hacer el Gobierno valenciano.

"No obstante -indican los letrados- los precedentes condicionan la decisión por cuanto todas las personaciones llevadas a cabo por la Generalitat en procesos penales de relevancia (caso ONG, Emarsa, casos de violencia de género) ha sido en calidad de acusación particular (es decir, se ha ejercido la acción penal)".

El documento, que contempla todas las posibilidades que tiene la Generalitat, añade que aun cuando esta no se persone en la causa, no por ello se entiende que renuncia a su derecho a ser indemnizada de posibles responsabilidades civiles a su favor que, en caso de resultar procedentes, podrían fijarse en la sentencia que recayera en el proceso penal.

En los pasillos de Les Corts, Blanco ha anunciado que hoy mismo pedirán la comparecencia del president de la Generalitat, Alberto Fabra, y en su defecto del vicepresidente, José Císcar, para que expliquen "por qué se han apartado del criterio de la Abogacía de la Generalitat y se han plegado al criterio" de Barberá y Camps.

El portavoz adjunto de EU ha explicado que existe "una expresión muy común" que dice que "en Derecho, haz siempre caso de tu abogado", y ha criticado que el Gobierno valenciano haya hecho "lo contrario" de lo recomendado por sus letrados.

"Pesan más los intereses partidarios y de protección de Barberá y Camps que los intereses generales de los valencianos porque tienen miedo de enfrentarse, sobre todo, a Barberá", ha considerado Blanco, quien ha acusado a Fabra de actuar en este caso como presidente del PP, en lugar de como president de la Generalitat.

Blanco ha explicado que pidió el informe el 31 de enero, después de conocer la posibilidad que daba el titular del juzgado número 3 de Palma a la Generalitat de personarse en la causa, y de que el president del Consell anunciara que iba a solicitar este informe a la Abogacía.

El diputado ha recibido esta misma mañana el documento, que está firmado por el director general de la Abogacía General, J. Emilio Torrejón, y por la directora de Asuntos Contenciosos, María José Rodríguez; y ha sido remitido por el vicepresidente del Consell, José Císcar.