El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina en una sentencia conocida este jueves que la legislación española de desahucios no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas y la considera ilegal. Partidos, profesionales de la Justicia y diferentes colectivos y asociaciones han celebrado esta decisión, han destacado que a partir de ahora los consumidores estarán más protegidos y han exigido al Gobierno que adapte la normativa española a lo fallado por el tribunal europeo a la mayor brevedad posible. También ha habido críticas a la postura que el Ejecutivo ha venido manteniendo sobre este problema.

- La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PHA), Ada Colau, ha afirmado que tras la sentencia al Gobierno "no le queda más opción que cambiar la ley" y ha abogado por "la paralización de todos los procedimientos -de desahucio- que están en curso". Colau ha añadido que "la ciudadanía ha tenido demasiada paciencia" y ha instado al Gobierno "a rectificar aunque sea tarde" ya que, en su opinión, si no lo hace "va a desencadenar una situación de conflictividad social totalmente ingestionable". También ha señalado que se están planteando "reclamar acciones jurídicas al Gobierno" por la situación de de "inseguridad jurídica profunda" que, a su juicio, han sufrido las "personas afectadas". También ha subrayado que la decisión del Tribunal de Justicia de la UE "sí es vinculante" y que "está por encima de cualquier normativa interna, por lo que los jueces tendrán que seguirlo".

- El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, también ha pedido la paralización inmediata de todos los procesos de desahucios en vigor, así como la adaptación “profunda y urgente” de la legislación actual sobre hipotecas. La federación de consumidores pide que Rajoy comparezca de inmediato y califica de “patrañas e insultos a los ciudadanos” lo regulado hasta el momento, entre lo que cita “el ineficaz código de buenas prácticas bancarias o el insuficiente fondo social de viviendas”. La asociación lamenta que esta legislación "injusta" haya tenido que llegar hasta el Tribunal de Luxemburgo para que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, reconozca por fin la necesidad de "corregir" la normativa hipotecaria, a pesar de la insistencia de ciudadanía y organizaciones sociales.

- La secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha lamentado que el Gobierno no les hiciera caso antes sobre los abusos de la ley hipotecaria. Rodríguez Piñero ha emplazado al Ejecutivo a establecer una moratoria automática de todos los desahucios que procedan de cláusulas abusivas. "Esta sentencia nos da la razón, que había cláusulas abusivas en la legislación que es preciso cambiar", ha asegurado. Piñero ha explicado que una de sus enmiendas a la reforma de la legislación sobre desahucios pedía precisamente la paralización de los embargos cuando fueran fruto de cláusulas hipotecarias abusivas y que benefician a las entidades financieras.

- El diputado de IU Alberto Garzón ha señalado que "al final se ha dado la razón a los movimientos sociales", tras su presión, y ha destacado que ahora "la pelota está totalmente en el tejado del Gobierno". Garzón ha confiado en que el Ejecutivo incorpore las recomendaciones de la Justicia europea a la legislación española y que la Iniciativa Legislativa Popular, que se tramita en el Congreso, pueda seguir manteniendo "todo el núcleo de lo que contenía, especialmente en lo relacionado con la dación en pago de carácter retroactivo".

- El portavoz de ICV, Joan Coscubiela, considera que el fallo desautoriza “brutalmente" al Gobierno y al PP. En su opinión, a partir de ahora los ciudadanos "van a tener más motivos de oposición ante los bancos que les desahucian" y van a poder oponerse a esos intereses usureros. Coscubiela también ha expresado su esperanza en que el Ejecutivo haya tomado "buena nota" e incorpore los pronunciamientos europeos a la reforma legislativa en tramitación. El diputado ha indicado que a partir de ahora las personas desahuciadas podrán argumentar el contenido de la sentencia ante los tribunales españoles y tendrán más mecanismos de defensa.

- El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha aplaudido la decisión del tribunal de Luxemburgo porque, a partir de ahora, "va a ser imposible que se ejecuten automáticamente" los embargos. "La sentencia está muy bien porque establece que el sistema hipotecario actual deja en indefensión a los deudores cuando llegaba una deuda que no podían pagar porque se ejecutaba automáticamente el embargo", ha subrayado. "De lo que se trata es de suspender los desahucios hasta que no haya un acuerdo entre deudor y acreedor, bien sea un acuerdo de dación en pago, de prórroga de la deuda, o de segunda oportunidad", ha afirmado.

- El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha dicho que no le sorprende la sentencia y que está "de acuerdo" con ella. Duran ha señalado que "abunda" en la postura que él mismo mantuvo en su discurso del pasado debate sobre el estado de la nación donde denunció el "desequilibrio" que existe entre las dos partes: el banco y la persona que tiene el crédito hipotecario y que se ve obligada a aceptar cada una de las cláusulas de ese banco. A su juicio, la sentencia de la UE lo que hace es "denunciar y abundar en ese desequilibrio de las partes" y eso obligará a una reforma de la legislación española, que a CiU le gustaría que no se limitase a la ley hipotecaria, sino que también que modificase la ley concursal, para que la "persona física pueda beneficiarse de los mismos requisitos que comporta un concurso de acreedores para una sociedad jurídica, es decir, para una empresa".

- El juez José María Fernández Seijo opina que la sentencia "va a modificar totalmente las reglas del juego". Este magistrado, titular del juzgado mercantil número 3 de Barcelona, fue quien cuestionó ante el Tribunal de Luxemburgo la ley hipotecaria española y le planteó que evaluase si limitaba las posibilidades de defensa del consumidor en las ejecuciones hipotecarias. Según ha señalado en declaraciones a Efe, aunque el fallo no comporta en principio efectos retroactivos, permitirá a los jueces tutelar de oficio los procesos de ejecución hipotecaria, con lo que podrán detener un desahucio, incluso de oficio, si observan la existencia de cláusulas abusivas.

- El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha afirmado que debe suspender las subastas hipotecarias ya señaladas y los lanzamientos siempre que el demandado sea una persona física y que el secretario estime la existencia de cláusulas abusivas y ha advertido de que tiene constancia de que este criterio está siendo adoptado desde esta misma mañana. El SISEJ valora positivamente el fallo del tribunal europeo, pero considera que no es suficiente y que “sería erróneo considerar que aquí termina todo”. El sindicato reclama desde hace más de dos años una reforma en profundidad de la normativa, en especial de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución hipotecaria.

- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Aseguradoras (Adicae) ha instado al Ministerio de Justicia y a todos los jueces a que apliquen "de forma inmediata" el fallo del tribunal europeo. La sentencia, ha explicado, "considera ilegal una legislación que en los últimos años ha llevado a 416.975 familias a ser demandadas en ejecución hipotecaria (entre 2007 y los nueve primeros meses de 2012) y a 216.418 al lanzamiento y expulsión de su vivienda (desde 2008)". Adicae ha precisado que en total, 633.393 familias "son víctimas directas de una legislación injusta", y millones están "expuestas a ella en la actualidad".

- La Asociación Española de Banca considera que la sentencia conocida este jueves es “razonable y constructiva”. “A partir de ahora se trata de cumplir este dictamen  y de interpretarlo en la misma línea, esto es, en los términos razonables y constructivos en los que se expresa el alto tribunal europeo sobre esta materia”, concluye.