'El Gobierno cree que hace falta un cambio de rumbo en la materia, y la opinión pública, la ciudadanía, demanda cada día más que se adopten medidas decididas para combatir la especulación y la corrupción', dijo la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en el Congreso.
La ministra añadió que la legislación, que choca en muchas ocasiones con los intereses de los gobiernos locales y autonómicos, pretende garantizar 'un desarrollo urbano que sea sostenible y para favorecer el acceso a la vivienda'.
Con el acceso y la carestía de la vivienda plenamente instalada como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, las rigideces del mercado del suelo han sido frecuentemente mencionadas como principales dinamizadoras de los precios. Aunque actualmente se observa cierta desaceleración coincidiendo con un endurecimiento de las condiciones monetarias, los precios han subido más de un 140 por ciento en los últimos siete años.
El gobierno socialista, que centró en la vivienda buena parte del programa con el que se instaló en La Moncloa hace ahora dos años y medio, aprobó en mayo un Anteproyecto de Ley que ha sido objeto de duras críticas y algunas revisiones antes de su llegada al Congreso.
La eficacia del texto ha sido puesta en duda por distintos grupos políticos, que consideran que la legislación no modificará sustancialmente la situación habida cuenta de que las competencias no están en poder del gobierno central, sino de las corporaciones locales.
Alguno de los principales actores privados en el sector también ha calificado de intervencionista el proyecto de Ley.
Los ayuntamientos actualmente se financian en gran parte con la calificación y venta de terrenos apoyados en una legislación muy abierta, que permite operaciones especulativas.
El texto ha sido objeto de más de 300 enmiendas parciales por parte de los distintos grupos políticos - incluyendo al propio Partido Socialista - y de tres enmiendas a la totalidad, planteadas por el PP, CiU y el BNG.
'Esta Ley es tan mala que los grupos que apoyan al Gobierno - ER, IU y PSOE - le han presentado a una Ley de 37 artículos, 164 enmiendas y el socio suplente -CIU- le presenta 58 enmiendas (parciales) y una a la totalidad', dijo el diputado del Partido Popular Pablo Matos.
La legislación pretende desincentivar las prácticas de reclasificación y retención especulativa de terrenos que ha dado lugar a múltiples escándalos urbanísticos, últimamente de gran actualidad en la prensa, en algunos casos con consecuencias políticas.
Entre las novedades sustanciales de la Ley, destaca la reserva de al menos un 25 por ciento del terreno de nuevos desarrollos urbanísticos para la promoción de viviendas de protección oficial.
Actualmente, la legislación - que data de 1998- es muy abierta y da libertad a las distintas administraciones autonómicas para fijar sus cuotas de vivienda social.
El texto también busca que los desarrollos urbanísticos que supongan crecimientos de población superiores al 20 por ciento estén sometidos a mayor control.
/Por Carlos Ruano/
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