Los deportistas podrán ser sancionados por un período de 4 años e, incluso, inhabilitados de por vida si cometen una infracción muy grave, según se recoge en el Proyecto de la futura Ley Antidopaje, aprobado el pasado viernes 8 de marzo por el Consejo de Ministros y que el Gobierno prevé que podría estar aprobado definitivamente en junio o julio de este 2013.

Según el proyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, al que ha tenido acceso Europa Press, la comisión de una falta muy grave podría suponer la suspensión de la licencia federativa por un período de 4 años a inhabilitación de por vida para obtener la licencia y multa de 3.001 a 12.000 euros.

Entre las circunstancias consideradas "muy graves", incluidas en el apartado primero del artículo 22, se hallan la "administración, dispensa, ofrecimiento, facilitación o suministro" a deportistas de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos en competición o fuera de la misma, y la promoción, incitación o facilitación de las condiciones para su uso.

También, el tráfico de sustancias y métodos prohibidos; el incumplimiento de la confidencialidad de la planificación de los controles, y el de las sanciones impuestas por este proyecto de Ley, que deberá ser ratificado por los grupos políticos y que ha sido tramitado con carácter de urgencia.

Asimismo, la futura Ley Antidopaje contempla la pérdida de puntos, de una eliminatoria, puestos en la clasificación o, incluso, el descenso de categoría de clubes deportivos y multas de hasta 400.000 euros para equipos y el entorno del deportista, que puede llegar a ser inhabilitado de por vida, en el caso de que la infracción se cometa contra un menor de edad.

La nueva 'Ley Antidopaje', que modifica la de 2006 y pretende dar un espaldarazo a la candidatura de Madrid 2020, tiene como objetivo dar una mayor "protección integral" a la salud del deportista y la adaptación de la legislación española al Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que se modificó en enero de 2009.

Entre otras novedades, el proyecto de ley facilita la colaboración entre las autoridades penales y las administrativas acogiendo la posibilidad de pedir las pruebas al juez, quien, sin tener obligación de darlas, sí deberá responder de forma motivada y respetar el principio de proporcionalidad.

Además, el nuevo texto incluye la posibilidad de practicar controles antidopaje entre las 23.00 y las 6.00 horas, en casos excepcionales que deberán estar motivados y explicados al deportista, que el consumo de sustancias y métodos dopantes no constituya delito para el deportista y el Tribunal de Arbitraje en el Deporte, que sustituirá al actual Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) y tendrá una sección especializada en dopaje.

Las sentencias del nuevo Tribunal de Arbitraje en el Deporte no podrán ser recurridas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), pero solo afectará a los deportistas y competiciones de ámbito nacional.

También incluye el establecimiento de un Plan de Apoyo a la Salud que determinará los riesgos comunes y específicos para la salud de los deportistas y medidas de prevención, conservación y recuperación, así como la puesta en marcha de un sistema de reconocimientos médicos.

Por otra parte, los centros deportivos tendrán la obligación de disponer de medios de lucha contra las enfermedades cardio-respiratorias agudas, los desfibriladores, para atender los casos de posible muerte súbita y se habilitará un sistema de tarjeta de salud de los deportistas de alto nivel.

La nueva Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte sustituirá a la actual Agencia Estatal Antidopaje (AEA) y será un organismo público "independiente" encargado de la protección de la salud de los deportistas, con competencias en materia de prevención, represión e investigación.

La nueva agencia asumirá los trabajos de planificación y realización de los controles antidopaje y la tramitación de los procedimientos sancionadores nacionales.