Las nuevas tasas judiciales aprobadas por ley en noviembre de 2012 —que suponían una subida entre 50 y 750 euros respecto a la norma anterior— experimentaron el pasado febrero unas "modulaciones a la baja". Así llamó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a la reducción decidida por el Gobierno en vista del revuelo social y las protestas del ámbito judicial al completo.

Para abogados, secretarios judiciales y consumidores, tanto la rebaja —convalidada este jueves en el Congreso de los Diputados— como la expresión usada por el exalcalde de Madrid no llegan ni a suaves: la bajada solo afecta a una parte de las tasas, la variable; la parte fija y su subida se quedan como están. No obstante, los titulares hablaban hace apenas tres semanas, en general, de una reducción del 80%.

"Es falso, es una tomadura de pelo", explica a 20minutos.es Rafael Lafuente i Sevilla, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ). El resto de fuentes consultadas manejan conceptos similares, hablan de "simbolismo", "insuficiencia" y de obstáculo para garantizar la tutela judicial efectiva, es decir, el acceso de los ciudadanos a la justicia. "La gente acude a la justicia para cuestiones del día a día" y no por capricho, "no abusan de ella", dice Lafuente, que propone que si se dan esos abusos el juez multe a quien corresponda.

La rectificación fue bien vista por la Defensora del Pueblo, que consideró tomadas en cuenta sus sugerencias, suficientes las exenciones y decidió no interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. El propio Gobierno, sin embargo, reconoció al aprobar la rebaja que tendría "una incidencia inferior al 5% respecto de los 306 millones de euros previstos en la memoria del Proyecto de Ley", ya que se calculó, "fundamentalmente, con la tasa fija".

Una tasa judicial es un impuesto que se paga cuando se pone una demanda o un recurso en los órdenes civil, contencioso-administrativo o social.

La tienen que pagar tanto las empresas o personas jurídicas como —desde noviembre— los particulares y se calcula en función del tipo de procedimiento (parte fija de la tasa) y la cuantía del proceso (parte variable), es decir, del dinero que se esté reclamando. Las tasas se acumulan y no se pueden fraccionar, aunque el Gobierno incluyó algunas bonificaciones por acumulación de procesos (20%), solución extrajudicial (60%) y pago telemático (10%).

El Ejecutivo defiende que con la subida se podrá garantizar la justicia gratuita, que ahora tiene más beneficiarios, entre ellos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes de tráfico y menores o discapacitados víctimas de abuso o maltrato. Francisco Javier Lara Peláez, decano del Colegio de Abogados de Málaga, no lo cree: "el 77% de los procesos" se desarrollan en el ámbito penal, donde no hay tasas, argumenta. Los más críticos con la norma atribuyen a la decisión de Justicia una motivación recaudatoria.

Con la crisis, las demandas contra cláusulas abusivas de los bancos, las preferentes o las ejecuciones hipotecarias se ven mucho más. Los bufetes, explica Lara a 20minutos.es, se preocuparon de "ponerse al día" acelerando su trabajo justo antes de la subida de las tasas, aunque estas nuevas tarifas también afectan a la segunda instancia. Una apelación cuesta, como mínimo, 800 euros.

Desde la aprobación de la ley, el número de demandas que llegan a los juzgados ha disminuido de media, según varias fuentes, entre un 25% y un 30%. En ciudades como Málaga, dice el decano, el porcentaje llega al 50% en el orden contencioso-administrativo.

Dos casos prácticos que podrían explicar esta reducción en las demandas. A la hora de plantear una reclamación a una compañía de seguros, por ejemplo por unas filtraciones de agua en un edificio, "la compañía antes negociaba y se evitaba el juzgado, pero ahora es: 'tú me reclamas, y cuando lo hagas, negociamos'", dice Lara. Eso obliga al demandante a pagar para empezar el proceso.

En cuanto a las multas de tráfico, es cierto que tienen ahora una salvedad en la ley: la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable, no puede exceder del 50% del importe de la sanción. Pero si para recurrir una multa de 300 euros, coinciden todas las fuentes, se pagan 150 euros de tasa más la minuta del abogado, puede no merecer la pena. Otros dos ejemplos. Si una empresa demanda a un particular y la justicia le da la razón a la demandante, la tasa se repercute en las costas, que tiene que pagar el demandado (menos en un proceso de ejecución de una hipoteca).

Los procesos, además, pueden alargarse mucho en el tiempo y provocar una acumulación de deuda difícil de afrontar. Es el caso de un matrimonio de Bétera (Valencia), cuya hija de 7 años nació con malformaciones que le han provocado una minusvalía del 85% y que llevan años peleando en los tribunales porque creen que hubo negligencia. Tras dos sentencias en contra, el Tribunal Provincial les condenó a pagar costas por valor de 65.000 euros y para recurrir al Supremo necesitaban 7.000 más. La solidaridad de la gente les ayudó a recaudarlos.

¿Para qué suele acudir una persona a la justicia? Dentro de lo habitual entran situaciones como "que no te paga tu inquilino, que un vecino que no te deja dormir, cuando te ponen una multa y no estabas ahí, etc.", relata Lafuente i Sevilla. También se refiere en la conversación a la reforma laboral, "favorable para promover el despido" —opina—, un despido que si el trabajador en paro quiere recurrir tiene que hacerlo pagando. Es para "completar el círculo", añade.

Las demandas por motivos laborales en el ámbito social, por tanto, no suben, pero tampoco bajan. Hay que explicar que los trabajadores por cuenta ajena y autónomos tenían ya una exención del 60% en la tasa si querían recurrir. El real decreto aplica ahora la misma rebaja a los funcionarios cuando apelen o presenten una casación en el orden contencioso-administrativo si es para defender "sus derechos estatutarios".

No hay un mínimo de cuantía para reclamar algo en un juzgado, aunque si el procedimiento que se inicia tiene una cuantía indeterminada —por ejemplo, una demanda de separación, divorcio o nulidad del matrimonio que no sea de mutuo acuerdo—, la ley marca que son 18.000 euros, y sobre eso se calcula la parte variable de la tasa. Un proceso civil ordinario puede tener 100.000 euros de cuantía; una casación civil, 600.000 euros.

Eugenio Ribón, abogado de la Confederación de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) opina que la Defensora del Pueblo ha hecho "dejación de funciones" al no recurrir, siendo que "todas" las organizaciones del sector se lo pidieron. Ni siquiera las nuevas condiciones para acceder a la justicia gratuita —un adelanto hasta que se apruebe la ley correspondiente— le parecen del todo adecuadas, por ejemplo, las relacionadas con las posibilidades económicas del demandante.

Le parece poco que el umbral máximo en el caso de una familia de hasta cuatro miembros, con dos cónyuges e hijos menores —con excepción de los emancipados—, sea de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 15.975 euros. "Tienes que elegir si comes o pagas la tasa", dice.

Ribón tiene confianza, no obstante, en que el recurso que las organizaciones de consumidores, ocho en total, han presentado en la Audiencia Nacional. Arguyen que el Gobierno se ha saltado "a la torera" el trámite normativo y "preceptivo" de audiencia al Consejo de Consumidores. Y que eso es un defecto de forma. Alegan que la ley de tasas afecta directamente a los consumidores y que nadie les ha preguntado.

Para entender cuánto cuesta un proceso, qué se ha rebajado y qué hay que pagar de forma ineludible, explicamos a continuación los procedimientos afectados por la ley de tasas y por el real decreto que las reduce.

A las tasas fijas mencionadas más abajo para cada proceso (que no han variado), hay que añadir la parte variable que, para las personas físicas es del 0,10% de la cuantía del proceso (lo que se reclama), con un límite de 2.000 euros (antes de la rebaja era el 0,50% y límite de 10.000). Para las personas jurídicas, la tasa variable (que tampoco ha variado) es del 0,50% en procesos de 0 a 1 millón de euros, con un máximo de 10.000, y del 0,25% en procesos de más de 1 millón, con el mismo tope.

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