El consejo rector del SIP Grupo Cooperativo Ibérico ha asegurado que sigue adelante con dicho contrato de integración, aunque informará al Banco de España de lo ocurrido en torno a Caja Rural de Extremadura, para lo cual además ha decidido solicitar una entrevista con el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura a fin de "conocer de primera mano la posición de la administración extremeña en relación con el futuro del SIP y de la Caja Rural de Extremadura".

Este consejo rector se ha reunido este martes con carácter extraordinario ante la situación creada en Caja Rural de Extremadura, después de que el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, se ha mostrado dispuesto a intervenir Caja Rural de Extremadura, en conversaciones con Caja Rural del Sur, a través de la Ley de Cooperativas de Crédito", ha anunciado José Antonio Monago, quien ha recomendado a los directivos de Caja Rural del Sur que "se centren en Andalucía y que dejen a la Caja Rural de Extremadura que se reorganice y que tome sus decisiones", ha dicho Monago.

En una nota, el grupo indica que el consejo rector del SIP se ha reunido en la tarde del martes con carácter extraordinario para "analizar las opciones procedentes en derecho y adoptar las decisiones oportunas para preservar los intereses del mismo y de las tres entidades que lo conforman".

De esta forma, con motivo de los últimos acontecimientos y declaraciones públicas que se han producido tras la elección del nuevo presidente de la Caja Rural de Extremadura, el consejo rector de Caja Rural del Sur, en su condición de órgano de gobierno del SIP-Grupo Cooperativo Ibérico, se ha reunido en sesión extraordinaria a fin de analizar la situación creada, las opciones procedentes en derecho y adoptar las decisiones oportunas para preservar los intereses del propio SIP y de las tres entidades que lo conforman.

Entre dichos acuerdos, se ha tomado la decisión de poner en conocimiento del Banco de España los hechos acontecidos, al objeto de que puedan valorarse por su parte.

En segundo término, se ha decidido solicitar una entrevista con el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura a fin de conocer de primera mano la posición de la administración extremeña en relación con el futuro del SIP y de la Caja Rural de Extremadura, "en el ámbito del contrato de integración en su día suscrito y autorizado por todas las administraciones competentes, incluida la propia Junta".

En tercer lugar, se ha recabado de los asesores jurídicos externos del SIP, el despacho KPMG-abogados, que "analice los hechos acontecidos al objeto de determinar su impacto y consecuencias sobre el referido contrato de integración".

En todo caso, el consejo rector "reafirma su voluntad de continuar con el proceso de integración en su día emprendido, en las condiciones pactadas, y bajo políticas comunes que garanticen la futura solvencia del grupo y el mejor interés de los clientes de las tres entidades asociadas".

"reconducir el debate a cauces administrativos"

De acuerdo con dichos principios, el Consejo "considera conveniente reconducir el debate público actual a cauces estrictamente internos o, en su caso, administrativos, como forma lógica de resolver este tipo de cuestiones entre entidades entre las que debe primar el principio de buena fe y el de actuación en el mejor interés de sus depositantes, clientes y trabajadores", para lo cual "se desarrollarán igualmente contactos institucionales, al máximo nivel de las entidades, para reconducir la situación".

Por último, el Consejo Rector desea hacer constar, nuevamente, que la elección del SIP como "forma de integración entre las tres entidades respondió a su voluntad libremente expresada y al deseo de mantener su respectiva personalidad jurídica, de modo que cualquier avance ulterior en el proceso de integración —fusión— dependerá de la voluntad de cada una de ellas formada en sus respectivos órganos de gobierno".

Advierte de que "si se ha planteado recientemente esta posibilidad por parte de los consejos rectores de las tres entidades ha sido, precisamente, en la búsqueda de una mejora común en los ratios de eficiencia y solvencia de las mismas, atendiendo a la recomendación expresa formulada por el Banco de España".