La operación fue denunciada por PSOE e IU, que entendían que era incompatible con el carácter de dominio público de los terrenos.
La decisión del Supremo viene a ratificar dos sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ordenó que la finca volviera a ser municipal.
El Supremo ni siquiera ha admitido los recursos que presentaron la RFEF y el Ayuntamiento contra las sentencias del TSJM, con lo que se hacen firmes y ejecutables, según el PSOE. El PP declinó opinar sobre el asunto por no conocer todavía la decisión del Supremo.


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