El proyecto de ley de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia ha iniciado este martes su tramitación parlamentaria sin el apoyo de la oposición, que pone en cuestión su capacidad de desarrollo real y lo argumentos en aspectos concretos como el papel que deben jugar los ayuntamientos.

El encargado de defender el texto legislativo —que seguirá adelante sólo con los votos del PPdeG— por parte del Ejecutivo gallego ha sido el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha subrayado el impulso que da Galicia a las nuevas tecnologías con esta normativa, precedida del plan de banda ancha que se inició en la legislatura pasada y que ha permitido que el 95 por ciento de la población gallega tenga acceso a esta tecnología.

Durante su intervención, el dirigente autonómico ha explicado que esta normativa se sustentará en tres pilares fundamentales: la coordinación, la planificación y la anticipación.

De esta manera, se pretenderá evitar "esfuerzos" en investigación; la planificación, para que llegue a todos los hogares gallegos; y la anticipación, para que todo lo que se haga en el ámbito público y privado esté preparado, con la previsión de la instalación de las infraestructuras.

Rueda ha explicado que se desarrollará un mapa de infraestructuras, lo que "evitará" que se superpongan proyectos entre los operadores privados y los ayuntamientos, por ejemplo. La Xunta ya trabaja en esta iniciativa, la cual permitirá desarrollar el plan de infraestructuras, que establecerá, a su vez, los criterios a seguir en las ordenanzas municipales.

Precisamente sobre el ámbito municipal, el diputado socialista José Luis Méndez Romeu, ha advertido de que "muy pocos ayuntamientos de Galicia" tienen ingenieros de telecomunicaciones, lo que traerá como consecuencia la "parálisis" de las decisiones" o que estén basadas en "soluciones desfasadas".

También la nacionalista Tereixa Paz se ha fijado en este aspecto para señalar que "la cooperación y coordinación", excluye a los ayuntamientos, con cuyas arcas municipales y personal "no podrán" hacer frente a las obligaciones que le impone la ley. En este punto, se ha preguntado si hay interés en "derivar la responsabilidad a otros, siendo los ayuntamientos los agraviados".

Uso compartido operadores

La normativa permite el uso compartido de los operadores, reduciendo los costes de inversiones, y también que toda la vivienda que se construya vaya a contar con los servicios del hogar digital, al tiempo que va a suponer un "estímulo" para el sector TIC de Galicia, en palabras del conselleiro de Presidencia.

Sin embargo, la diputada de AGE Consuelo Martínez, que ha proclamado que "quieran o no, Galicia es una nación" para recriminar que en la ley no se recoja el desarrollo de las competencias gallegas, ha recriminado que se olvidan del "medio rural".

Previamente, el conselleiro había defendido que el Gobierno marca con esta ley "objetivos concretos" para la "convergencia" con Europa, con el fin de que Galicia esté "preparada" para el reto tecnológico, y "disponga de las infraestructuras que le permitan competir en el nuevo mercado único digital europeo, que ya es una realidad".

El diputado popular Moisés Blanco, que ha asegurado que hoy en día Steve Jobs vería hoy una Galicia "líder en innovación", ha subrayado que la ordenación de las telecomunicaciones se hará con "diálogo" de los ayuntamientos. Además, ha reivindicado que es "la primera ley de estas características en España y Europa".

"BUROCRÁTICA"

Durante la defensa de la enmienda a la totalidad, el diputado socialista José Luis Méndez Romeu achacó la presentación de este proyecto de ley a una "ansiedad burocrática" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, ha indicado que este proyecto viene de la legislatura pasada y, además, el Estado tramita ahora una normativa en esta misma área a la que, a su juicio, habría que esperar para impulsar la ley gallega para dar mayor "seguridad jurídica".

Además, Méndez Romeu puso en cuestión que se vaya a garantizar la libre competencia y duda de la programación para el despliegue de la tecnología, que está "anticuada antes de que entre en vigor la norma". "Pena de texto que promete más en la exposición de motivos que en la resolución", ha apostillado.

Por su parte, Tereixa Paz ha advertido de que "no existe una memoria con objetivos concretas y sobre prioridades", y ha señalado que "adolece de referencias cualitativas y cuantitativas de las infraestructuras".

"La falta de horizonte temporal puede suponer dejar la ley en mera declaración de intenciones sin ninguna efectividad práctica", ha reflexionado para lamentar que "no vaya más allá del plano declarativo".

Consuelo Martínez, de AGE, ha criticado que la ley obvia, a su entender, la relevancia de la tecnología no sólo para el ámbito de la competitividad empresarial, sino también para el desarrollo cultural y de las relaciones personales, "a lo que la ley parece no darle importancia".

En este sentido, ha avisado de que es preciso incluir una "tarifa social", puesto que se deja "fuera del acceso a la población más desfavorecida".