El instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Almina ha sido este fin de semana la última víctima de la oleada de robos en centros educativos de la ciudad autónoma de Ceuta que ya se ha saldado con la desaparición de cerca de 200 ordenadores portátiles del programa 'Escuela 2.0'. En esta ocasión, según han explicado fuentes del centro a Europa Press, se han llevado 19 computadoras tras acceder a un aula de la segunda planta del inmueble a través de una ventana.

A finales de agosto, el CEIP Reina Sofía, ubicado en la barriada del Príncipe Alfonso, se quedó sin 30 ordenadores y todas sus pizarras electrónicas. El 6 de diciembre del año pasado, la Guardia Civil interceptó a dos menores cuando huían del IES Abyla con otras 25 computadoras del mismo tipo.

Nada más regresar de las vacaciones de Navidad, los cacos se llevaron 49 portátiles y dos ordenadores de sobremesa del IES Clara Campoamor, al que volvieron a acceder 15 días después destrozando toda una planta del edificio. A mediados del pasado mes de febrero, el colegio Santa Amelia fue víctima del tercer asalto en tres meses de los cacos, que consiguieron hacerse con otros 48 ordenadores portátiles.

El equipo directivo del IES Almina comparte con sus homólogos del Santa Amelia y el Clara Campoamor la impresión de que los delincuentes tenían "información privilegiada" sobre la ubicación de los ordenadores, que en el caso de la última sustracción "se encontraban en una clase donde no suelen dejarse".

La Policía Nacional arrestó hace diez días a dos adultos y dos menores como presuntos responsables de los atracos al Reina Sofía y al Santa Amelia y durante el año pasado se registraron 18 denuncias y 12 detenciones por este tipo de robos.

Los presidentes de la Junta de Personal Docente y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Ceuta (Fampa), Juan Luis Aróstegui y Mustafa Mohamed, han exigido este martes en declaraciones a Europa Press "medidas urgentes" para acabar con estos asaltos. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación ha conseguido hasta ahora que la empresa de seguridad privada con la que mantienen contratos particulares los centros alerte a la Policía Nacional en cuanto salta la primera alarma y no espere hasta la tercera, como marca la normativa vigente.