La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado este lunes que, ante la negativa del Ministerio de Justicia a asumir ninguna de las reivindicaciones de la huelga del pasado 20 de febrero, van a estudiar una serie de medidas de protesta, entre ellas la posible convocatoria de una nueva huelga. Así lo han expresado tras mantener una reunión de dos horas aproximadamente con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para hablar sobre la reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Entre las demandas de jueces y fiscales figuran un aumento de la inversión pública en Justicia, una solución al problema generado por la eliminación de los jueces sustitutos, la modificación del proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, los cambios en la ley de tasas judiciales y la reforma de la ley del indulto.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha señalado al término del encuentro que, a la vista de que el ministro no parece capaz de llegar a algún tipo de acuerdo, las asociaciones de jueces y fiscales iniciarán una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios. Su intención es proponer además una internacionalización del conflicto, solicitando una entrevista en Bruselas o en España a la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reading, para presentarle un estudio sobre el déficit de democracia e independencia del poder judicial en España en comparación con otros países europeos.

El juez decano de Madrid y portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, ha expresado por su parte su deseo de que la reforma del órgano de gobierno de los jueces, que está en tramitación parlamentaria, no suponga "una limitación máxima de la independencia del Poder Judicial". Armengol ha instado al PP y al PSOE a potenciar la independencia judicial, al tiempo que ha defendido la elección de 12 de los vocales del consejo por jueces y magistrados o un sistema proporcional a la implantación de las asociaciones dentro de la carrera judicial.

También el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha hecho declaraciones al respecto. Dolado ha considerado positivo que, después de la huelga del mes pasado, el Ministerio de Justicia haya reconocido que "no va a haber rencores retrospectivos" y que va a seguir en "rondas de negociación" con las asociaciones de jueces y fiscales. Dolado ha expresado sin embargo su preocupación por la reforma del consejo que ha calificado como "el mayor ataque que ha habido en democracia a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial".

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, ha recordado que esta organización, mayoritaria en el sector, no secundó la primera convocatoria de huelga por considerar que existían otros mecanismos para lograr las modificaciones de las reformas en el ámbito de la Justicia y así lo siguen entendiendo después de la reunión con Gallardón. Llarena ha destacado que el ministro ha ofrecido la posibilidad de que las asociaciones de jueces y fiscales colaboren en la elaboración de los anteproyectos de reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.