La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, la socialista Áurea Soto, ha manifestado este viernes que ni ella ni cualquiera de los integrantes del gobierno municipal se "plegará" a "coacciones de ningún tipo ni económicas ni con la amenaza de los juzgados". En ese sentido, ha recalcado que en sede judicial "podrán iniciarse procedimientos, pero no finalizarán con condena".

Dos ediles del gobierno municipal de Ourense, la responsable de Urbanismo, Áurea Soto, y la de Bienestar Social, Marga Martín, están imputadas; la primera en dos casos de prevaricación administrativa y la segunda en el caso del servicio de ayuda a domicilio.

La concejala de Urbanismo señaló que en la gestión de las áreas de Urbanismo y Bienestar Social —las dos concejalías sobre las que pesan imputaciones— pretendieron "cambiar las cosas" porque son las "banderas" del gobierno municipal". "Cuando empezamos en esto sabíamos que generaría rebeliones de todo tipo y que la gente con la que íbamos a discutir tiene muchos más medios económicos", ha manifestado. "Pero entramos con una manera de cambiar las cosas", ha añadido, a pesar de las "rebeliones", según precisó.

En su intervención, manifestó que el gobierno municipal "conduce" a la ciudad en esta "tormenta perfecta" en una "causa general de vigilancia a este gobierno municipal y no a los anteriores" que, según agregó, les "han llevado aquí", aludiendo a casos como la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Áurea Soto indicó que "más allá de la resistencia física" el gobierno municipal tiene una "resistencia mental enorme". "Jamás nos plegaremos a ningún interés espúreo", ha insistido.

Mandatos anteriores

También en su intervención, ha dicho que en los mandatos anteriores "se regaló sistemáticamente el 10 por ciento del aprovechamiento municipal y no mereció investigación alguna".

"Se cambiaron los planos de un PGOM y no mereció investigación, piden cientos de millones del erario público por un plan anulado por los tribunales y no mereció investigación, y se han secado As Burgas por una recalificación y nunca mereció investigación alguna, o no se plegó a las presiones y chantajes realizadas por un promotor local", ha enumerado para sentenciar que el actual gobierno municipal está "vigilado".

La concejala de Urbanismo pidió al principal partido de la oposición, el PP, que "deje de peregrinar por las administraciones para retirar fondos al gobierno" y aludió a que "lo de Montealegre ya no tiene nombre". Por ello, les reclama que "dejen de hacer daño al gobierno y depositen sus energías en ayudarlo".