Un centenar de personas protesta ante el Ayuntamiento contra los desahucios y los recortes sociales

Un centenar de personas protesta ante el Ayuntamiento contra los desahucios y los recortes sociales

Cerca de un centenar de personas convocadas por los colectivos Stop Desahucios, Toma la Plaza y Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, se han concentrado este viernes frente al Ayuntamiento de Alicante para protestar contra los desahucios y para expresar su "rechazo" a los recortes en servicios sociales.

Cerca de un centenar de personas convocadas por los colectivos Stop Desahucios, Toma la Plaza y Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, se han concentrado este viernes frente al Ayuntamiento de Alicante para protestar contra los desahucios y para expresar su "rechazo" a los recortes en servicios sociales.

En la movilización, que ha reunido a unas 100 personas, según estimaciones de los convocantes, también han estado presentes varios concejales del grupo municipal socialista en el consistorio alicantino, así como de Esquerra Unida (EU), además de representantes de la coalición política Compromís.

Durante la concentración, en la que se ha mostrado una pancarta con el lema 'Por la auditoría ciudadana de la deuda', varios asistentes han intervenido a través de un micrófono abierto y han resaltado que el Ayuntamiento "no es un cortijo, es la casa del pueblo", al tiempo que han criticado la realización "de obras grandiosas que no sirven, mientras tienen viviendas sociales y no las arreglan".

"Estamos hartos de tanto despilfarro, atracos y asesinatos, porque no son suicidios, son asesinatos", han manifestado, de la misma manera que han considerado que la clase política "está a las órdenes de las entidades financieras".

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de Stop Desahucios, José María Copete, ha explicado que los motivos para llevar a cabo esta protesta "son muchos", y ha agregado que "la situación en Alicante es extrema", con "uno de los paros más altos de España", y con una "realidad" en cuanto a los lanzamientos "muy desesperada".

Copete ha expuesto que el colectivo trabaja actualmente en 150 casos de desalojo en la capital alicantina, si bien ha apuntado que tienen la "sospecha" de que "la estadística es inmensamente mayor" y de que "el número de afectados es muy grande".

Igualmente, ha indicado que las personas que acuden a Stop Desahucios "llegan en estado de politraumatismo generalizado, con una desesperación y un desamparo mucho más preocupante" que hace unos meses. "Tenemos evidencia de que en la ciudad hay hambre y malnutrición, tanto infantil como en todas las edades", ha expuesto, y ha relatado el ejemplo de personas mayores que únicamente hacen una comida al día para que sus nietos "puedan desayunar y cenar".

"La situación de las familias ha cambiado, hay ejemplos en que los hijos y nietos se han reunificado en casa de los abuelos. La estructura social está cambiando, hay nuevas formas de pobreza, masivas, muy extendidas, y las instituciones no están haciendo absolutamente nada, estarán preocupados de no ir a la cárcel por escándalos de corrupción", ha enfatizado.

Política social de vivienda

El portavoz del colectivo también ha señalado que previamente a la concentración ante el consistorio alicantino, han entregado 1.000 firmas ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, solicitando que Ayuntamiento y Generalitat valenciana "hagan transparente su política social de vivienda".

Así, en el texto de la queja entregada al defensor del pueblo se pide su mediación para "exigir a las instituciones con competencia en servicios sociales que informen del parque" inmobiliario "de su titularidad, del fin al que está destinado, y de los requisitos que las familias, y con especial atención las familias con hijos menores de 18 años, deben reunir para que se les conceda una vivienda social, así como del trámite establecido para poder acceder a las mismas".

Oficina municipal de asesoramiento

Por otra parte, y preguntado sobre la puesta en marcha este pasado lunes de la oficina municipal de atención y asesoramiento a personas afectadas por desahucios, Copete ha criticado la "demora" en su activación. "¿Esa es la celeridad con la que actúan y la rapidez con la que se adaptan a las nuevas situaciones? ¿Esta es la capacidad de respuesta a un tipo de sociedad nueva con un empobrecimiento masivo?", se ha preguntado.

No obstante, ha subrayado que el colectivo, "después de todo, da la bienvenida" a la medida, aunque ha matizado que según su experiencia, "con asesoramiento no se para" un lanzamiento. "No podemos parar un desalojo asesorando al afectado, tenemos que actuar poniéndonos delante de la casa del afectado, de la Policía, ir al juzgado. Si ellos —el Gobierno de la ciudad— son capaces de conseguir algo, sospechamos que será a remolque de todo lo que nosotros hemos hecho", ha considerado.

Auditoría ciudadana de la deuda

Por su parte, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda del País Valencià ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Alicante en la que exige "una moratoria inmediata en el pago de las deudas financieras de las administraciones públicas estatal y autonómica".

También reclama la "realización de una auditoría bajo control ciudadano de la deuda financiera de las administraciones públicas, que permita depurar aquella que sea reconocida como ilegítima, para su quita o condonación sin condiciones, y la consecuente exigencia de responsabilidades civiles o penales a las partes que contrajeron el endeudamiento".

En su escrito, además, el colectivo pide "el reconocimiento, de forma explícita, de la primacía del gasto social sobre el pago de la deuda y de sus intereses", así como que, "una vez garantizada la cobertura de los servicios públicos y las prestaciones sociales de salud, educación, alimento, vivienda, seguridad económica y ecológica, se establezca con los acreedores la reestructuración de la deuda legítima".

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