La exconsejera de Cultura y de Administraciones Públicas del Principado, Ana Rosa Migoya, ha reiterado su inocencia y se ve como "una victima" de todo el proceso en el presunto caso de contrataciones ilegales en el seno del Gobierno regional bajo la presidencia de Vicente Álvarez Areces.

Así lo ha explicado la exconsejera a los medios de comunicación en los pasillos de los juzgados de Oviedo antes de prestar declaración como imputada ante el juez que instruye el caso, Ángel Sorando.

"Yo como consejera no podía tener conocimiento de todo lo que ocurría en la administración", señala y añade que a los dueños de Igrafo y Almacenes Puarín, Víctor Manuel Muñíz y Carlos Suárez, respectivamente, imputados también en la causa, los conoció por primera vez, y por la prensa, cuando salieron del calabozo.

Migoya ha reiterado que cuando tuvo indicios de las posibles irregularidades que pudiese estar cometiendo la también imputada y funcionaria en su consejería, Marta Renedo, remitió toda la información al juzgado.

Por su parte, el abogado de Ana Rosa Migoya, Mario Gómez Marcos, ha manifestado su malestar por el "juicio social" que se le está haciendo a su defendida y ha explicado que la situación de imputada es "una garantía procesal", muy lejana de ser culpable o de estar condenada. "A Migoya se le está sometiendo a un juicio social muy duro", añade.