A finales de octubre, el Supremo declaró que correspondía al TSJCV la competencia sobre esa querella del ex presidente valenciano Eduardo Zaplana.
La sala de lo penal del Tribunal Supremo adoptó esa decisión tras analizar el escrito del TSJCV que defendía la competencia del Supremo, ya que sostiene que el presunto delito atribuible a los dos diputados regionales, José Camarasa y Antoni Such, se habría cometido en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
La querella del actual portavoz parlamentario del PP se presentó a finales de mayo de 2006 y, además de contra los dos diputados socialistas, iba también dirigida contra los empresarios Antonio Vicente Moreno Carpio y José Herrero García.
Zaplana se querelló por un presunto delito de calumnias con publicidad o, subsidiariamente, injurias graves, también con publicidad, ya que se hacía referencia a la difusión en la página web de la Cadena SER del contenido de la transcripción de unas conversaciones que figuraban en una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por los dos diputados.
En ella aseguraban que los dos citados empresarios les habían informado de manipulación de facturas y pago de comisiones durante la ejecución de las obras del parque temático "Terra Mítica" y que una parte de las mismas se entregaba a Eduardo Zaplana.
El TSJCV estimó entonces que debía ser el Supremo el que estudiara la querella porque la publicidad de las grabaciones de las conversaciones con empresarios se realizó desde la emisora de la cadena en Madrid.
Por el contrario, el Supremo entendió que los presuntos delitos de calumnias o injurias se cometieron en la Comunidad Valenciana y que la querella "no aporta ningún principio de prueba" acerca de la posible intervención de los dos diputados en la difusión a través de Internet, por lo que compete a la Justicia valenciana entender del asunto.


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