Los grupos de PSOE, PAR, CHA e IU en las Cortes de Aragón han rechazado en el pleno del Parlamento aragonés el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, según lo informado en el Consejo de Ministros, "puesto que no respeta la autonomía municipal y el modelo territorial aragonés".

Así se recoge en una proposición no de ley presentada por CHA, enmendada por el PAR y apoyada por todos los grupos de la Cámara aragonesa, salvo el PP, que se ha debatido junto con otras tres iniciativas de PSOE, PAR e IU sobre la misma materia, con varias de sus propuestas aprobadas por unanimidad.

De esta forma, el Parlamento aragonés, a propuesta del PSOE y con una enmienda del PAR, pide al Gobierno de Aragón un informe jurídico que analice si el último texto de la citada reforma vulnera el Estatuto de Autonomía de Aragón, "con el objeto de acometer las acciones pertinentes en cada fase administrativa, parlamentaria, y, en su caso, judicial".

Además, a propuesta de IU, las Cortes piden que el Gobierno central inicie un proceso de negociación con la FEMP y las Comunidades autónomas que permita la financiación adecuada de los municipios y el resto de entidades locales y la búsqueda de fórmulas que permitan asegurar la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y su prestación desde la iniciativa pública.

Igualmente, reclaman la elaboración de un informe de las afecciones que la aplicación de dicha ley, en su redacción actual, supondría para los municipios de Aragón y el resto de entidades locales y administraciones aragonesas y tomar las medidas de apoyo a ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades en el desempeño de sus obligaciones administrativas, contables y fiscales para que afronten en las mejores condiciones aquellos requisitos que, previsiblemente, pueda pedirles la nueva ley.

También han pedido participar e impulsar cuantos procesos se lleven a cabo para el rechazo de este texto, incluido el recurso de inconstitucionalidad, si se aprueba la ley en los actuales términos.

Peculiaridades de aragón

Las Cortes, a propuesta del PAR, han pedido que la futura ley se adapte a las peculiaridades poblacionales y territoriales de Aragón, "rechazando cuantas medidas perjudiquen los intereses de las entidades locales aragonesas o comprometan su viabilidad, así como aquellas medidas que refuercen las competencias de las diputaciones provinciales en detrimento del modelo comarcal aragonés".

Finalmente, las Cortes instan al Gobierno de Aragón a defender la autonomía municipal y la primacía de la voluntariedad en las decisiones que los ayuntamientos y entidades locales aragonesas adopten para garantizar una prestación de calidad de los servicios, promoviendo la colaboración entre las instituciones, con criterios de subsidiaridad y proximidad, "que confieren a las comarcas una función fundamental para la vertebración territorial".

El portavoz del PP, Antonio Torres, ha subrayado que su partido "cree en la autonomía municipal" y ha asegurado que la futura ley defiende la máxima de "una competencia, una administración", así como "un control presupuestario riguroso" y ha recordado que todavía se está en fase de recibir sugerencias al texto, que "no suprime municipios, ni busca la privatización de servicios locales".

La diputada del PSOE, Carmen Sánchez, ha comentado que los 7.000 millones de euros que pretende ahorrar esta ley es la deuda que tiene el Ayuntamiento de Madrid, frente al bajo endeudamiento de la mayoría de los municipios españoles.

Ha añadido que estas han sido las primeras administraciones "en ajustar los presupuestos ante la disminución de ingresos", para lo que "no es necesaria una ley, ni que nadie las tutorice" y ha alertado del "desmantelamiento del sector público local" que propiciará la futura ley, que "abre la puerta a privatización de servicios o la supresión de los mismos".

Respeto a aragón

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha defendido la "racionalidad y sostenibilidad que haga falta, pero desde el respeto más absoluto al Estatuto de Autonomía de Aragón" y ha subrayado la "capacidad" de la Comunidad aragonesa de "organizar su territorio como considere más adecuado a sus peculiaridades poblaciones y territoriales", como "el modelo que ya nos hemos dado de comarcas".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha estimado que la reforma tiene un "poso ideológico de recentralización" y es un "ataque frontal a autonomía municipal" y ha abogado por que los servicios "los preste la institución más cercana al ciudadano", sino no puede ser los ayuntamientos, las comarcas, "y este informe no asegura el modelo territorial aragonés".

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha criticado un texto legislativo que "prioriza la estabilidad presupuestaria y no a la ciudadanía" y ha calificado "un golpe duro a la autonomía municipal" que las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes las asuman las diputaciones "cuando la prestación municipal no cumpla con el coste estándar de los servicios".