El parlamentario autonómico por Sevilla Jaime Raynaud ha pedido este jueves a la Consejería de Fomento y Vivienda, y en particular a su titular, Elena Cortés, que "recapacite" y rectifique la decisión adoptada por el Consorcio Metropolitano de Transportes sobre la plataforma reservada para transporte público habilitada sobre el antiguo puente de la línea ferroviaria Sevilla-Huelva. Mientras el Consorcio dejará de usar el lunes este puente propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Raynaud avisa del impacto en los usuarios de los autobuses metropolitanos y pide a la consejera que no actúe "a base de golpes sectarios".

En declaraciones a Europa Press, Raynaud ha manifestado que la decisión del Consorcio Metropolitano de Transportes, controlado por la Junta de Andalucía, constituye "otro episodio más" de la política de "confrontación" del Gobierno andaluz contra las instituciones dirigidas por el PP, en este caso ADIF como entidad del Ministerio de Fomento. "Esto es un presunto bofetón de IU-CA al Gobierno central, pero lo sufren los sevillanos y más concretamente los vecinos del aljarafe".

"Es inadmisible gobernar a base de golpes sectarios. Le pido a la Junta que recapacite, sea coherente y se ponga en el pellejo de los ciudadanos del Aljarafe norte que sufren el calvario de los atascos", ha dicho Raynaud. En ese sentido, ha recordado que la Administración autonómica gastó años atrás unos 200.000 euros para acondicionar este puente y ahora "no se puede malgastar ese dinero". Igualmente, avisa de que la propia Cámara de Cuentas de Andalucía atribuye precisamente a "la falta de infraestructuras" y la ausencia de carriles destinados a vehículos de alta ocupación la "pérdida de viajeros" y la "baja ocupación" que registran los autobuses de los consorcios metropolitanos de transporte andaluces.

Así, ha pedido a la Consejería de Fomento y Vivienda que acepte la propuesta que ADIF, "desde la lealtad institucional", ha elevado al Consorcio para que éste se haga cargo plenamente de este puente, conocido como el puente 'de la señorita', a través de una cesión de usos según la cual correspondería a la entidad metropolitana el mantenimiento de esta infraestructura.