La Audiencia Nacional ha pedido al juez Pablo Ruz acceso a las comisiones rogatorias internacionales incluidas en el caso Gürtel con el fin de decidir si extradita o no a Herve Daniel Marcel Falciani, el exinformático del banco HSBC acusado por la justicia suiza por robar los datos personales de 130.000 evasores fiscales.

La solicitud del tribunal responde a una petición de la defensa de Falciani, que podría apuntar a su vez a que su colaboración pudo servir para identificar en Suiza cuentas de dinero negro, entre las que podría figurar la del imputado Luis Bárcenas, cuya localización ha resultado clave en la investigación.

La Fiscalía destacó en un informe emitido el pasado 31 de enero que estaba desarrollando una "activa cooperación" en diferentes procedimientos contra el fraude, "tanto en el pasado como en la actualidad".

La vista oral sobre este caso, según una providencia de la sala de lo penal, se ha fijado el próximo 15 de abril a las 10 horas. El documento cita al "reclamado" por las autoridades suizas, al fiscal francés Eric de Montgolfier y a dos testigos de la defensa, el exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña y el exdirector de Administración Tributaria Luis Pedroche.

La Audiencia Nacional solicita además a las autoridades francesas que certifiquen la colaboración prestada, con aportación de información relevante, para la investigación de delitos graves.

Falciani está reclamado por Suiza por los delitos contra el servicio de inteligencia económica, sustracción de información, violación del secreto comercial y violación del secreto bancario, todos ellos recogidos en el Código Penal del país helvético.

Sin embargo, su información permitió la apertura de procedimientos administrativos y penales en Francia, Italia y España por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción.

Aunque no se pronunciaba en su informe por la posición que adoptará en la vista de extradición, la fiscal Dolores Delgado señalaba que "la única divulgación efectiva" que el reclamado hizo de la información que sustrajo es la que transmitió "a las autoridades de la inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales que inician procedimientos a partir de las mismas".

El 17 de diciembre de 2012 Falciani quedó en libertad con la obligación de comparecer cada tres días en la comisaría de policía más próxima a su domicilio mientras se tramita su extradición. También facilitó a la Audiencia Nacional su residencia con la obligación de comunicar cualquier cambio, entregó su pasaporte y facilitó un número telefónico en el que poder ser localizado de forma permanente.

La Fiscalía apoyó su salida de la cárcel, en la que permanecía desde que fue detenido el 1 de julio de 2012 en un control aduanero en Barcelona, por el tiempo que había transcurrido en prisión, la colaboración que había prestado en investigaciones tributarias y la previsión de que el procedimiento de extradición pudiera demorarse en el tiempo.