El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha afirmado que con la reforma de la administración local que promueve el Gobierno de España no se suprimirá ningún servicio público. Suárez ha comparecido este jueves en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, a petición del Grupo Socialista.

"No desaparece ningún servicio público con independencia de qué Administración lo preste", ha aseverado, para añadir después que "gracias a esta reforma por fin un Gobierno de España va a resolver el problema de la financiación local y autonómica".

"Esta reforma es una cuestión de Estado", ha continuado Suárez, quien ha resaltado que el objetivo es "racionalizar la prestación de servicios públicos en las entidades locales".

Se trata de "administrar los servicios públicos, ganar en eficacia, en eficiencia", ha expuesto, comentando después que todos los partidos están de acuerdo en ordenar las competencias de las Administraciones locales.

Además se realizará un control "exhaustivo" para evitar la "proliferación de órganos instrumentales" en los municipios, ha proseguido el consejero, quien ha animado al PSOE a trabajar "en positivo" para mejorar el anteproyecto de ley.

Suárez ha dicho que "los ayuntamientos no tienen la culpa de la crisis" y ha coincidido con el portavoz socialista, Javier Sada, en que "la cohesión social va en paralelo a la cohesión territorial".

Cohesión territorial

El portavoz del Grupo Socialista, Javier Sada, ha afirmado que la reforma planteada no evita duplicidades, ni aporta "nada" en el control presupuestario, tampoco resuelve la cohesión territorial y únicamente aborda la cuestión financiera.

Sada ha señalado que "lo que marca ideológicamente" la reforma local es que sitúa el control de la Administración Local en las Administraciones superiores, en alusión a las Diputaciones. "Plantea la necesidad de tutela e intervención" y "casi" establece "un Estado policial", ha lamentado.

Con esta reforma se vayan a establecer estándares de calidad en la prestación de servicios públicos, ha continuado diciendo, y abre la puerta a la privatización de los mismos, sin resolver además la cuestión de las comarcas.

El parlamentario de CHA, Gregorio Briz, ha criticado el "intervencionismo" de esta reforma y en especial la fijación de los costes estándar de los servicios públicos locales. "Se cargan la autonomía municipal", ha dicho.

Ha criticado que se revitalicen las diputaciones provinciales, "una institución decimonónica", lo que ha considerado "un ataque frontal a los ayuntamientos".

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha afirmado que esta es "una mala ley que hace mucho daño a la ciudadanía y pone en jaque a la independencia y la autonomía municipalista".

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha defendido la eficacia en la gestión de los servicios públicos y la igualdad de oportunidades en el medio rural y urbano. Se ha mostrado de acuerdo con la defensa que ha hecho Suárez del modelo territorial aragonés.

"No apoyaremos ninguna medida que refuerce las Diputaciones en detrimento de las comarcas, no aceptaremos que nos digan desde Madrid cómo tenemos que gestionar la educación y la sanidad, ni que desaparezca ninguna entidad local menor y tampoco que nos digan desde Madrid lo que podemos hacer desde aquí", ha agregado Boné.

La parlamentaria del PP, Mar Vaquero, ha recordado que el anteproyecto no ha sido aprobado y que esta es "una fase en la que hay que hacer aportaciones", tras lo que ha apuntado que el Gobierno de Aragón presentó alegaciones cuando se presentó el primer borrador.