El sindicato CSIF en Andalucía ha tachado este miércoles de "despropósito" y de "incongruente" el número de trabajadores que las agencias públicas de la Junta han autorizado desde la aprobación de la Ley de Reordenación del Sector Público —un total de 1.821, según el informe de la Cámara de Cuentas presentado este martes—, ya que contrastan, según esta organización, con los "despidos" que simultáneamente se han realizado entre "413 promotores de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y 714 agentes locales de promoción y empleo (Alpes)".

Además, CSIF-A se ha apoyado en esa cifra para criticar en una nota la citada normativa, ya que no sólo "no ha servido para mejorar las condiciones de los empleados públicos ni para reducir el gasto que la Administración andaluza supone para las arcas de la Junta", sino que "ha aumentado el coste de personal al incorporar a casi 2.000 trabajadores para las agencias públicas emanadas del desarrollo de dicha ley".

Y es que, según han subrayado desde CSIF-A en una nota, el "principal objetivo" que se marcaba la Administración andaluza para la citada ley era "reducir gastos y provocar sinergias de esfuerzos y de desembolsos económicos".

Al hilo de ello, el sindicato ha animado a la Administración andaluza a "proteger, mejorar y defender a los trabajadores que, tras pasar un proceso de selección recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), ya forman parte de su nómina de empleados públicos".

En esa línea, CSIF-A aprovecha la ocasión para volver a reivindicar una "profunda y verdadera" reforma de la función pública andaluza para "hacerla mucho más eficiente, eficaz y cercana al ciudadano, diseñada y ejecutada por los legítimos representantes de los empleados públicos andaluces y que, sobre todo, garantice los servicios públicos, el empleo público y que los funcionarios regenten las potestades públicas que la ley les otorga".