La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, ha asegurado, interrogada por cómo afectará de cara al curso que viene la decisión de un juzgado de Valencia de anular la resolución de admisión de alumnado que daba la misma consideración a los niños ya nacidos que a los que están en etapa de gestación para la elección de centro educativo, que su departamento seguirá "dictando decretos acordes a la normativa autonómica", al tiempo que ha defendido que lo único que se ha hecho es "cumplir la ley autonómica".

La titular de Educación ha realizado estas manifestaciones durante su intervención en un desayuno organizado por Forum Nueva Economía Tribuna Mediterránea al ser interrogada por las consecuencias que va a tener la decisión judicial de cara al próximo ejercicio académico.

Al respecto, la consellera ha reiterado que el Gobierno valenciano va a recurrir la sentencia porque "lo único que ha hecho es "cumplir fielmente la legislación autonómica", en referencia a la Ley de protección de la maternidad que se aprobó en 2009 y que, "por cierto, en su día no recurrió nadie".

"No podemos hacer otra cosa, no podemos hacer un decreto de admisión sin incluir lo que marca la ley autonómica porque la propia Abogacía de la Generalitat nos podría poner reparos", ha argumentado.

"difícil de entender"

"Es difícil de entender —ha continuado— por qué se recurre un decreto que aplica una ley por lo que pretendemos recurrir y seguir peleando".

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia ha declarado nula una resolución de la Conselleria de Educación por la que se equiparan los derechos de los niños ya nacidos con los que están en periodo de gestación para lograr una plaza en un centro escolar. El magistrado entiende que esta regulación no corresponde a la comunidad autónoma, sino al Estado, según consta en una sentencia, contra la que cabe recurso, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De esta forma, el juez ha estimado el recurso interpuesto por la Administración del Estado contra la Conselleria de Educación, por la resolución de fecha 8 de marzo de 2011 que fija el calendario de inscripciones y procedimientos de admisión del alumnado en centros escolares de educación infantil, primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional en centros públicos y privados concertados no universitarios para el curso 2011-2012.