La población de elefantes de selva en África central cayó un 62 por ciento en la última década a causa de la caza furtiva alentada por la demanda de marfil y la implicación cada vez mayor de redes de tráfico ilegal, denunciaron en Bangkok grupos comprometidos con la conservación de la fauna.

La organización Wildlife Conservation Society presentó un informe durante la reunión de la Convención sobre Comercio Internacional de Fauna y Flora (CITES) en el que también denuncia la pérdida entre 2001 y 2011 de un 32 por ciento del hábitat natural de esta especie de paquidermo que vive en países como Congo o Camerún.

"Hay una deforestación en la zona. Pero la causa es la caza ilegal, en parte por su carne, pero sobre todo por la demanda de marfil en los mercados orientales", dijo Elisabeth Bennett, jefa del equipo científico que ha llevado a cabo la investigación.

La experta indicó que la población de elefantes de selva se encuentra por debajo del 10 por ciento de su potencial y pidió más medidas legales contra la caza furtiva y para frenar el comercio internacional de marfil.

Bennett propuso prohibir en todo el mundo la venta de marfil por la situación "ambigua" que provoca que en algunos países su venta sea legal, una particularidad que es aprovechada por las bandas del crimen organizado para comercializar las partes o las presas enteras capturadas por los cazadores furtivos.

"Aunque fuera una prohibición temporal, esto serviría para frenar una caza ilegal que todo el mundo reconoce que está fuera de control", dijo la científica, quien se mostró confiada en que la reunión de la CITES sirva para que se adopten medidas de protección.

También defendió la necesidad de que se hagan pruebas de ADN del marfil decomisado para identificar las zonas de las que procede y en las que operan los furtivos.

Los datos de esta organización internacional coinciden con los de la CITES, que denunció la cifra récord de 25.000 elefantes muertos en África en 2011 a causa del tráfico ilegal de marfil, durante el inicio de su encuentro en la capital tailandesa.

En total en África central hay unos 100.000 elefantes de selva que se distinguen de los elefantes de sabana por unos colmillos más largos y rectos que, según Bennett, los hace más apreciados en algunos mercados asiáticos.

También en el marco de la reunión que se celebra en Bangkok, el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) alertó del creciente grado de organización y sofisticación de las mafias organizadas en este tipo de delincuencia.

"(Las mafias organizadas) Tienen recursos, están bien equipadas y muy organizadas, y suponen una grave amenaza para las autoridades. Es un asunto muy grave que exige respuestas muy serias", declaró Ben Janse van Rensburg, jefe de la unidad de apoyo de la Secretaría de la CITES, una convención a la que se han adherido 177 países desde su entrada en vigor en 1975 para garantizar que el comercio internacional de especies no amenace a su supervivencia.

El ICCWC, creado en 2010 para apoyar a las autoridades locales en la defensa de los recursos naturales, está formado por la Secretaría de la CITES, la Interpol, la Oficina contra el Crimen de Naciones Unidas (UNODC), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas.

"Las redes de crimen organizado trasnacionales se dedican cada vez más a delitos contra la fauna porque les da la posibilidad de obtener beneficios significativos a unos costes relativamente bajos", apuntó Bernd Rossbach, miembro de la Interpol.

Los dirigentes del ICCWC se reunieron con ministros y delegados de los países que participan en el encuentro de la CITES, a los que pidieron un mayor compromiso político y recursos para luchar contra las organizaciones criminales.

Estos defendieron la necesidad de que la lucha contra esta delincuencia no se limite a los países donde se atenta contra la fauna y la flora sino que abarque también a los países de tránsito y consumo de productos procedentes de la caza furtiva o tala ilegal de árboles.

"El problema también está al final de la cadena, a miles de kilómetros de donde actúan los furtivos, y para ello necesitamos una buena coordinación y cooperación internacional", explicó Van Rensburg.

El representante de UNODC, Jorge Ríos, advirtió de las dificultades para procesar y condenar a los responsables de estas organizaciones criminales y, por ello, pidió reforzar leyes y sanciones "que no sean sólo administrativas sino también penales".