El desalojo de la fábrica de Sant Martí conocidad como 'La Makabra' estuvo rodeada ayer de una descoordinación absoluta entre la juez que ordenó el desalojo, Eugenia Canal, el abogado de los okupas, Antonio Luccheti, y la policía autonómica, a tenor de las declaraciones de la titular del juzgado número 2 de Barcelona que ha afirmado que se entera de la actuación policial por los medios de comunicación.
La magistrada ha lamentado hoy no haber alertado al abogado de los jóvenes que okupaban la casa, Antonio Luccheti, del día en que se iba a producir el desalojo y ha afirmado que desconocía la actuación policial ya que los Mossos no la avisaron.
La oficina judicial también acordó con el responsable de los Mossos en el distrito de Sant Martí comunicarse las actuaciones pero la policía autonómica no lo hizo.
Tura, agradecida
La consellera de Interior de la Generalitat, Montserrat Tura, le ha recordado a la magistrada que podía haber puesto una fecha para el desalojo y no lo hizo al dictar la orden.
"La orden de desalojo le emitió el juzgado sin fecha concreta y por tanto era una decisión de la policía cuando se tenía que efectuar", ha manifestado la responsable de los Mossos d'Esquadra.
No obstante, Tura ha agradecido a la jueza que no pusiera fecha al desalojo para que así los mossos tuvieran suficiente tiempo para proceder al desalojo, en el que no se produjeron incidentes.
Protestas en la plaça Sant Jaume
Unas 300 personas se manifestaron anoche en la plaça Sant Jaume de Barcelona contra el cierre de esta fábrica, que fue derrumbada ayer mismo después de que se desalojaran 109 personas.
La gran nave industrial era utilizada por diferentes artistas de circo para ensayar y curiosamente alguno de ellos eran contratados para diferentes actuaciones por aquellos que ahora han decidido derruir la fábrica, el Ajuntament de Barcelona.


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