Junta abona a los abogados almerienses 533.000 euros para liquidar el turno de oficio de 2012 antes de abril

La Junta de Andalucía ha abonado el segundo pago de 7,4 millones de euros al Consejo Andaluz de Abogados para continuar liquidando los gastos generados por el turno de oficio del año 2012, de cuya cantidad 533.471 euros corresponden a los letrados de la provincia de Almería, que ven así sufragados los servicios prestados correspondientes a dos trimestres del año pasado.

La Junta de Andalucía ha abonado el segundo pago de 7,4 millones de euros al Consejo Andaluz de Abogados para continuar liquidando los gastos generados por el turno de oficio del año 2012, de cuya cantidad 533.471 euros corresponden a los letrados de la provincia de Almería, que ven así sufragados los servicios prestados correspondientes a dos trimestres del año pasado.

Según ha informado en un comunicado la Junta, con este nuevo pago "se cumple el compromiso adquirido por la Consejería de Justicia e Interior para sufragar antes de abril todos los pagos pendientes por este servicio durante el pasado año".

De esta manera, este abono se suma al efectuado a principios de febrero y que ascendió a 435.951 euros, lo que eleva a 969.422 euros la cantidad sufragada por la Junta en un mes a los abogados almerienses.

A nivel regional, se ha pagado estos 7,4 millones y otra cantidad similar liquidada también el pasado mes, correspondientes a los servicios prestados en el primer y segundo trimestre del pasado año. Además, el Gobierno andaluz tiene previsto pagar una última cuota de 6,5 millones el próximo mes para los más de 7.000 letrados andaluces que prestan este servicio y culminar así el total del turno de oficio de 2012 justificado por los colegios.

Así las cosas, en la provincia de Almería, la Consejería prevé cancelar todos los pagos pendientes a sus abogados en abril con el abono de un nuevo montante superior a los 400.000 euros.

Y es que, según la Junta, este nuevo abono responde al compromiso contraído por el consejero del ramo, Emilio de Llera, en una reunión con representantes de los letrados andaluces a primeros de año para cerrar un calendario de pago que liquidara definitivamente estos servicios de justicia gratuita.

De Llera ha destacado así "el fiel cumplimiento y el esfuerzo que está realizando la Junta para atender estos pagos con la mayor celeridad pese a las dificultades económicas actuales, abonando en apenas tres meses un total de 21,3 millones de euros a los abogados andaluces, de los que alrededor de 1,5 millones de euros van destinados a los colegiados almerienses".

Estos pagos ponen de manifiesto "la apuesta de la Junta por el mantenimiento de este servicio fundamental para la ciudadanía en complicada coyuntura económica actual". La Consejería sostiene entretanto que el abono de los 21,3 millones en un trimestre "supone un avance sin precedentes en los pagos de justicia gratuita y va permitir al ejecutivo andaluz ponerse al día y acabar con los retrasos registrados en los últimos años".

Pagos en esta legislatura

Este nuevo abono es fruto del esfuerzo que viene realizando la Consejería en favor de los abogados, a quienes el Gobierno andaluz "no ha dejado de pagar todos los meses de esta legislatura diversas cantidades con el objetivo de ir rebajando paulatinamente los pagos pendientes en esta materia, que se habían venido retrasando en los últimos años". De hecho, durante el pasado año se sufragaron 38,4 millones de euros a nivel andaluz que permitieron liquidar toda la deuda de 2011 y avanzar en gran parte de los gastos de 2012.

Así, el compromiso por sostener este servicio, que benefició a más de 300.000 andaluces durante el pasado año según los datos de la Administración autonómica, se suma también el compromiso presupuestario de la Junta, "que mantiene intacta para este año la partida para justicia gratuita con un montante de 44 millones".

Por último, recuerda que desde 1997 la Administración autonómica ha destinado más de 340 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo es garantizar la defensa ante los tribunales de las personas que no disponen de recursos económicos suficientes.

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