Los trabajadores de la empresa andaluza GEA 21 afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado volverán a concentrarse este lunes ante la sede de la empresa y han anunciado que presentarán reclamaciones individuales y colectivas ante los juzgados en contra de un expediente de regulación de empleo (ERE) "injusto, irreal e insolidario".

Fuentes de los representantes de los trabajadores afectados en el expediente de extinción colectiva de contratos de trabajo (ERE) en esta empresa han explicado a Europa Press que el pasado día 27 de febrero finalizó el periodo de consultas del referido expediente sin acuerdo, toda vez que, según apuntan, en la última reunión de negociación entre empresa y representantes de los trabajadores "fue imposible llegar a un acuerdo, pues la empresa se limitó a reiterar la pésima situación económica de la empresa, reiterando que a fecha de la reunión no existían fondos suficientes ni siquiera para abonar la indemnización mínima legal, esto es, 20 días por año de servicio con un tope de 12 mensualidades".

Por tanto, las fuentes precisan que los trabajadores afectados recibirán en los próximos días sus cartas de despido, "pero sin abono de la indemnización legal mínima, lo que obligará a los trabajadores a acudir a los tribunales de Justicia, no solo en reclamación contra el despido y su declaración de nulidad o improcedencia, sino también para poder cobrar sus indemnizaciones del Fogasa".

"impago total para el resto"

Las fuentes han explicado que la empresa "comunicó que en la actualidad solo existen fondos para abonar la nómina del mes de marzo, y que incluso la empresa no ha podido afrontar el pago de la Seguridad Social de las últimas cotizaciones", lo que "podría implicar, en breve, una situación de impago total de nóminas para los trabajadores que no están afectados por la medida extintiva".

A juicio de los representantes de los trabajadores, la empresa "está tratando de dar la apariencia de estar pasando una situación de tesorería mucho peor a la real, para justificar el impago de la indemnización mínima legal y además forzar a los representantes legales de los afectados a aceptar únicamente la indemnización legal mínima".

Para los afectados, "resulta sorprendente que incluso con la situación de tesorería que la empresa manifiesta estar atravesando, la empresa propusiese a los representantes de los trabajadores firmar un acuerdo con 23 días por año de servicio y un tope de 12 mensualidades cuando ni siquiera tiene fondos para abonar la indemnización legal mínima". Agrega que la empresa "proponía abonar dicha indemnización cuando tuviera fondos para ello pero sin aportar plazos ni ningún tipo de garantía".

En ese sentido, los representantes de los trabajadores entienden que la oferta empresarial "persigue únicamente dar la sensación de querer negociar indemnizaciones superiores a la legal, pero obviamente dicha propuesta resultaba absolutamente irreal desde el punto y hora que la empresa manifestaba al mismo tiempo no tener fondos para cubrir su propuesta ni posibilidades para garantizar dicha deuda".

"Sin embargo, la empresa manifestó a los representantes de los trabajadores que pudiera ser que en un plazo corto de tiempo pudiera contar con fondos suficiente para afrontar el pago de la indemnización legal", han agregado los afectados, quienes consideran que dicha manifestación "evidencia que la empresa está 'jugando' con su situación de tesorería para tratar de asustar a los trabajadores afectados y provocar con ello que acepten cualquier cantidad económica que la empresa abone a los trabajadores por sus despidos".

Consideran que "han transcurrido 30 días desde el inicio de las negociaciones, tiempo más que suficiente para que la compañía hubiera buscado o reservado fondos para abonar las indemnizaciones por despido, todo ello sin contar con el hecho obvio de que la empresa lleva preparando el expediente meses atrás".

Asimismo, lamentan que la empresa "también se negó a prorrogar el actual expediente de suspensión de contratos de trabajo o a retirar el expediente de extinción colectiva de contratos de trabajo, ni a considerar otras medidas menos gravosas, como disminuciones salariales o movilidades geográficas".

Ir a los tribunales

"Resulta completamente ilógico que la supuesta situación económica negativa que atraviesa la empresa pretenda solventarse con un expediente que afecta a 44 trabajadores, entre los que no se incluyen los trabajadores con salarios más elevado y con cargos directivos", han agregado.

Los representantes de los trabajadores han anunciado su intención de acudir, colectiva e individualmente, a los tribunales de Justicia en reclamación de lo que consideran "un expediente absolutamente desproporcionado, injusto, insolidario, irreal, y que ni siquiera cumple con las mínimas obligaciones marcadas por la Ley".

Han recordado que durante la reunión celebrada el pasado día 27 de febrero, los trabajadores afectados por la medida se concentraron a las puertas de las instalaciones de la empresa para expresar su oposición a las medidas empresariales llevadas a cabo por GEA 21, "en las cuales ningún miembro del consejo de administración se ha entrevistado con los trabajadores afectados para dar explicación alguna, remitiendo las negociaciones a los abogados designados por la compañía", se lamentaron.