Por fraccionamiento ilegal en la tramitación y ejecución de contratos menores realizados en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda

El otro imputado es el actual Jefe de la Sección de Personal Laboral de la Dirección General de Función Pública

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha admitido a trámite una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra el diputado regional de IU, Ángel González Álvarez, y contra el entonces Secretario General Técnico del mismo departamento, R.M.T., hoy Jefe de la Sección de Personal Laboral de la Dirección General de Función Pública.

El TSJA ha adoptado esta decisión, por una denuncia de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, "ante la existencia de indicios de fraccionamiento ilegal en la tramitación y ejecución de contratos menores realizados en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno del Principado durante el ejercicio de 2010".

El diputado de IU, que se encontraba este viernes en la sesión plenaria de la Junta General del Principado, ha rehusado hacer declaraciones al respecto y ha anunciado que dará una rueda de prensa esta tarde.

La denuncia es fruto de las Diligencias de Investigación incoadas por la Fiscalía del Principado de Asturias a comienzos de agosto de 2012, tras un escrito remitido por el Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el que se recogían las salvedades que la Sindicatura de Cuentas había realizado a la Cuenta General del Principado del año 2010 en su informe de fiscalización del 22 de febrero de 2012 y que evidenciaban la existencia de indicios de un posible fraccionamiento ilegal en la tramitación y ejecución de varios contratos menores por parte de tres consejerías del Gobierno del Principado.

Tras la pertinente investigación, se acordó el archivo de las contrataciones referentes a las consejerías de Educación y Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, no así de las relativas a la consejería de Bienestar Social.

Los hechos denunciados

De las Diligencias practicadas, la Fiscalía considera que en fechas no concretadas, pero en todo caso correspondientes al mes de septiembre de 2010, la Jefa del Servicio de Asuntos Generales recibió la orden verbal por parte, bien del Viceconsejero, bien del Secretario General Técnico, de tramitar "un contrato de 76 hitos con un presupuesto de gastos de menos de 50.000 euros".

Se le dio traslado de la existencia de tres ofertas económicas para ello. Tras valorar las mismas, la jefa informó al Secretario General Técnico de que debía de hacerse como contrato de suministro por el procedimiento negociado, mostrando éste su conformidad. Así, se acordó hacer de este modo, por ser la única forma de tramitación conforme con la Ley de Contratos del sector público.

Al día siguiente, y cuando la Jefa del Servicio de Asuntos Generales ya se encontraba preparando los pliegos para la contratación por el procedimiento negociado, acudió a su despacho el Viceconsejero, Á.G.Á., y le dijo que resultaba imposible tramitarlo por un procedimiento negociado porque eso llevaría mucho tiempo.

A lo que ella le respondió que no podía hacerse como contrato menor de suministros, que eso sería ilegal, por lo que llegaron a discutir, hasta que finalmente la Jefa del Servicio le manifestó su desacuerdo y le dijo que, de hacerlo así, ella se negaría a tramitarlo. Tras la discusión, la mujer acudió al despacho de R.M.T. y éste le comunicó que tenía que hacerse como había dicho el Viceconsejero porque era él quien decidía. Ella mostró su total oposición y su renuncia a la tramitación.

Así, según mantiene la Fiscalía, la contratación se produjo finalmente como indicó el Viceconsejero, mediante una tramitación en contradicción tanto con las normas internas de la propia Consejería como con la normativa en vigor en materia de contratación pública, y que concluyó con un fraccionamiento ilegal de un contrato, que únicamente se produjo ante la arbitrariedad de la decisión del cargo político en contra del criterio técnico expreso de la funcionaria máxima responsable en materia de contratación de su Consejería.

Y es por ello que se dictaron, por el Viceconsejero, las Resoluciones de fecha 4, 8 y 12 de noviembre de 2010, siendo las mismas -a juicio de la Fiscalía- arbitrarias, pues obedecieron a la exclusiva voluntad del Viceconsejero y fueron tomadas con el expreso apercibimiento de que las mismas eran ilegales.

Declaración el 12

De marzo

La admisión de la denuncia supone que, ateniéndose exclusivamente a los hechos que se relatan en la denuncia éstos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, como así lo entiende el Ministerio Fiscal, según ha informado el TSJA.

A partir de este momento se abre el correspondiente proceso penal que, en fase de Instrucción, tratará de comprobar la realidad de los hechos objeto de la denuncia y, en su caso, depurar las consecuentes responsabilidades penales.

El TSJA informa asimismo que el magistrado instructor ya ha citado a declarar a los dos denunciados, en calidad de imputados, el próximo 12 de marzo, a las 10.30 horas en la sede del TSJA.