El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, ha hecho entrega este viernes del primer Premio nacional de Buenas Prácticas Locales contra la Violencia de Género a la directora de la Unidad de Violencia de Genero del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, IASS, Julieta Martín, que reconoce el buen trabajo llevado a cabo por dicha institución con las víctimas que se encuentran en situación administrativa irregular en España.

Este galardón ya lo recibió el pasado lunes el mandatario insular en Madrid, de manos de la ministra de Sanidad, Ana Mato, informa el Cabildo en una nota.

Ricardo Melchior ha destacado en su intervención la importancia de este logro, "ya que el Protocolo premiado actúa con uno de los colectivos más desfavorecidos, que es el de las mujeres que, además de encontrarse en el país de forma irregular, son víctimas de la violencia machista".

El Salón Noble del Palacio Insular ha sido el escenario de un entrañable acto en el que también estuvo presente el consejero del Área de Bienestar, Sanidad y Dependencia, Aurelio Abreu, el responsable del IASS, Miguel Ángel Pérez, las consejeras que antecedieron en el cargo a éste, Cristina Valido y Margarita Pena, así como las trabajadoras de la Unidad.

El consejero responsable del IASS, Miguel Ángel Pérez, ha destacado que se trata de un premio al "trabajo de años" por parte de la Unidad de Violencia de Género, en donde están implicados muchos profesionales. "Tampoco podemos olvidar que el éxito de este proyecto es fruto del esfuerzo y la dedicación, también, de las personas que han estado a lo largo de los años al frente de la Unidad o del IASS", ha comentado.

El proyecto premiado ha sido el Protocolo Interinstitucional de Intervención con Víctimas de Violencia de Género Extranjeras, cuyas beneficiarias son mujeres víctimas de violencia de género, según Ley Orgánica 1/2004, que se encuentran en situación administrativa irregular en España.

Situaciones violentas

El objetivo prioritario de este proyecto premiado por el Ministerio ha sido el de poner en funcionamiento un cauce interinstitucional de colaboración y coordinación que garantice la visibilización y denuncia de situaciones violentas, la regularización de su residencia y la protección integral de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, donde prevalezca en todo momento la defensa y logro efectivo de sus derechos humanos, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren, garantizando la atención especializada con perspectiva de género durante todo el proceso.

Para poder activar el protocolo es imprescindible que la usuaria extranjera del servicio cumpla con los requisitos para ello prevenidos en la Ley, y en consecuencia ostente una orden de protección contra su agresor, o en su caso, resolución judicial de la que se deduzca que ha sido víctima de violencia de género, así como con el resto de las condiciones y circunstancias determinadas.