IU pide al Gobierno que cumpla con los compromisos de trabajo que adquirió con Santa Bárbara

La parlamentaria de IU por Granada, María del Carmen Pérez, ha presentado una proposición no de Ley en el Parlamento de Andalucía que se debatirá en estos próximos días como medida de apoyo a los trabajadores de Santa Bárbara y en la que emplaza a la Cámara a que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía inste al Gobierno central a cumplir con los compromisos de pedidos que tenía con la empresa.

La parlamentaria de IU por Granada, María del Carmen Pérez, ha presentado una proposición no de Ley en el Parlamento de Andalucía que se debatirá en estos próximos días como medida de apoyo a los trabajadores de Santa Bárbara y en la que emplaza a la Cámara a que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía inste al Gobierno central a cumplir con los compromisos de pedidos que tenía con la empresa.

Según Pérez, "las fábricas tienen en la actualidad una ocupación suficiente para dar carga de trabajo a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras, con lo que manteniendo esta carga de trabajo no serían necesarios los despidos". Además la iniciativa de IU propone que el Consejo de Gobierno intermedie en el conflicto para frenar el ERE en la empresa Santa Bárbara, de forma conjunta con el resto de instituciones.

El pasado 14 de febrero del presente año la Dirección de la Empresa Santa Bárbara Sistemas comunicó el inicio del periodo de consultas para la aplicación de un ERE que afectaría a 693 trabajadores, distribuidos entre las oficinas centrales ubicadas en Madrid, en las factorías de Trubia (Oviedo), Granada y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), así como el cierre de la Fábrica de Armas de A Coruña.

Este expediente supone para la empresa con sede en el Fargue que de los 128 trabajadores, 54 serían despedidos, y para la empresa con sede en Alcalá de Guadaíra, de un total de 229, el ERE afectaría a 82.

En Granada esos despidos dejarían en la calle al 42 por ciento de la plantilla, "personas con una media de edad de 56 años que se quedarían sin empleo". Esta decisión de la empresa ha llevado a los trabajadores de la misma a proceder a encierros en sus fábricas después de su jornada laboral durante los días 26 y 27 de febrero y que continuaran con una huelga para los días 7 y 8 de marzo.

Desde la dirección provincial de Izquierda Unida no comprenden dicho ERE, "puesto que según los datos que barajan los trabajadores y trabajadoras, la empresa tiene beneficios en la actualidad, con una facturación de decenas de millones de euros en los últimos años" por lo que anuncian que harán todo lo que esté en sus manos para impedir que estos trabajadores acaben "engordando las listas del paro de la provincia".

Para la formación de izquierdas, que desconoce si el Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos, instalaciones y maquinaria, es conocedor de esta medida, también preguntará qué posicionamiento adoptará al respecto, "pero en cualquier caso consideramos muy importante su mediación para la adecuada solución del conflicto".

Desde el Grupo Parlamentario de IU han mostrado "su más rotundo rechazo" al Expediente de Regulación de Empleo planteado "de forma unilateral" por la empresa General Dinamics, por lo que no descartan otra serie de medidas conforme se sucedan los acontecimientos.

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