El Gobierno "impugnará" ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Ha aclarado, no obstante, que no se trata de un recurso de anticonstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, sino que el Ejecutivo ha optado por la "tercera vía" que ofrece la Constitución —artículo 161—, la de impugnar el acuerdo del Parlament.

"La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", añade el citado artículo.

El Gobierno entiende que su contenido "no sólo no es compatible" con la Constitución sino que "produce efectos", al plantear el inicio de un proceso "para el que mandata a poderes públicos y ciudadanos".

Con esta decisión, el Gobierno asume la tesis del Consejo de Estado en relación a esta declaración, que define a Cataluña como un "sujeto político y jurídico soberano". El Ejecutivo solicitó el dictámen al órgano consultivo el pasado 8 de febrero tras obtener un informe de la Abogacía del Estado, también favorable a la impugnación de la declaración soberanista.

Sáenz de Santamaría ha defendido que el Estado tiene la "obligación" de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución y que acude a los tribunales como lo hacen las comunidades autónomas cuando "se ven compelidas" a defender sus competencias o impugnar decisiones del Estado que consideran que les afectan.

El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha defendido que Cataluña levante la cabeza aunque se la quieran "cortar", después de que este viernes el Gobierno haya acordado impugnar la declaración soberanista del Parlament. "Nosotros no queremos ser ahogados ni hundidos, y por eso hemos planteado una vía, con fundamentos democráticos, para salir de esta situación".

Ha criticado que el Gobierno "se llena la boca de las palabras de diálogo y consenso, pero son los primeros que, por la vía de los hechos, se cargan estos dos conceptos", actitud que según el presidente catalán se demuestra con la impugnación de la declaración soberanista y la voluntad de control de la política exterior.

Mas ha expresado que está "fuera de lugar" llevar al TC una declaración. Mas cree que el anuncio del Gobierno demuestra "que no hay voluntad de diálogo real" y sostiene que "cuanto más avanza la democracia, menos base democrática tiene". Por su parte, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, consideró "lamentable" el recurso planteado por el Gobierno, ya que "supone un acto fuera de toda lógica jurídica".

Y desde ERC, la diputada Gemma Calvet juzgó que la impugnación de la declaración aprobada en el Parlament "es una muestra más de la preocupación y de la ofensiva institucional del Estado, que se está produciendo contra Cataluña".

El Consejo de Ministros ha aprobado también este viernes el anteproyecto de ley de renovación del CGPJ, que incluye algunas modificaciones.

Estos cambios se refieren, entre otras cosas, a las competencias reglamentarias, a la potestad de informe, al control de las cuentas —que hará un miembro del cuerpo superior de interventores del Estado, pero que dependerá del CGPJ— y a la Junta Electoral Central, cuyos miembros serán, en su totalidad, miembros del Tribunal Supremo.

También ha visto la luz el anteproyecto de la ley y Acción de servicio exterior que pretende, según la vicepresidenta, "dotar a la acción exterior de una coherencia" y una unidad "política y de acción".

El objetivo es saber "qué nos interesa, por qué se actúa y cómo se debe actuar", ha añadido la vicepresidenta. Será el Consejo ejecutivo de política exterior el que defina esa estrategia en el exterior, con procesos de evaluación anual para comprobar si se han cumplido los objetivos.

A su juicio, es necesario que el conjunto de las instituciones del Estado actúen "bajo una dirección política, de forma coordinada con los mismos fines y los mismos objetivos". Se establecerá también una racionalización del los servicios del Estado en el exterior para centralizar servicios y rediseñar el despliegue.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para garantizar el suministro de electricidad y elevar la competencia en las islas Canarias y Baleares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como para reducir los costes que suponen sus sistemas eléctricos.

Esta ley forma parte de la reforma del sector energético anunciada en varias ocasiones por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Con ella se aborda la reordenación del sector eléctrico "en una parte muy concreta, muy delimitada pero muy importante", ha añadido Saenz de Santamaría.