El exsecretario general técnico en la Consejería de Educación y Ciencia del Principado Vicente Hoyos ha reconocido este miércoles, durante la comisión de investigación sobre el 'Caso Marea', la posibilidad de una "concentración excesiva de riesgo" en las atribuciones de la dirección general de Planificación y Centros sobre contratos menores, homologación y obras durante la etapa en que la dirigió María Jesús Otero, imputada en el citado caso sobre contrataciones irregulares.

"Entiendo que si, aunque me resulta muy fácil predecir el pasado", ha apuntado en respuesta a preguntas del diputado de UPyD y presidente de la comisión parlamentaria, Ignacio Prendes. Hoyos dijo, también, que le llamó "la atención" que Igrafo y Almacenes Pumarín fuesen las principales empresas suministradoras por el sistema de homologación, señalando que Otero le dijo se debía a su calidad y rapidez.

No obstante, explicó, a preguntas del PSOE, que no emitió ningún informe porque "no era suficientemente llamativo", entendiendo que no se encontraba ante "ninguna irregularidad" administrativa ya que ambas empresas "cumplían los requisitos de la homologación".

Vicente Hoyos, que afirmó desconocer a la empresa Geogal, vinculada con el hijo de Riopedre, al igual que si se recibían o no regalos, hizo referencia a las "peculiaridades" en la Consejería de Educación en cuanto a aspectos competenciales distintos al del resto de la Administración. "Cuando estaba allí si creía necesario algún cambio, menor pero posiblemente relevante", ha añadido, haciendo referencia a que la oficina técnica de contratación de obras y proyectos dependía de la Dirección General de Planificación en lugar de la Secretaría General, como en otras consejerías.

"Recuerdo alguna conversación con el consejero mucho antes de que sucedieran o trascendieran los hechos que han llevado a la constitución de la comisión", ha dicho al respecto, comentando que cuando José Luis Iglesias Riopedre le comunicó el 23 de julio de 2009 su cese, tras dos años en el cargo, el entonces consejero se limitó a indicarle que no estaban "conformes" con su trabajo.

Una consejería "especial"

Por su parte, el que fuera secretario general técnico en la Consejería entre julio de 2006 y junio de 2007, Pablo Rodríguez, ha apuntado que se trataba de una consejería "especial", principalmente por el volumen de centros y actividad.

En cuanto a los contratos menores, negociados sin publicidad y al sistema de homologación, ha coincidido con el anterior compareciente en que "básicamente eran dos las empresas más contratadas, aunque solían ser tres", mencionando a Igrafo y Almacenes Pumarín, así como a El Corte Inglés. Rodríguez ha indicado que los controles eran formales y ha destacado la "singularidad" de la distribución de competencias en la Consejería de Educación, con docentes en funciones de gestión económica. "Rompía con un esquema habitual", dijo, señalando que le chocaba "la privación de competencias" de la secretaría general técnica.

Pablo Rodríguez, que comentó que se enteró de su cese prácticamente por el BOPA sin apenas explicaciones once meses después de su nombramiento en julio de 2006, dijo que no tiene constancia de regalos. "No conocí esas prácticas pero yo que sé si mandan el jamón a casa", apuntó.

El riesgo depende del personal

Finalmente, la también exsecretaria general técnica de la Consejería de Educación Elena Garzo, ha apuntado que el grado de concentración de riesgo depende de la responsabilidad del personal. "Si todo funciona adecuadamente no tiene porque haber riesgo", ha dicho en su intervención.

La funcionaria, que ejerció dicha función desde el 30 de junio de 2010 al 27 de julio de 2011 bajo la titularidad del consejero Herminio Sastre, ha indicado que se realizaba un "control formal" en la contratación de las empresas aplicando los procedimientos legalmente establecidos. Respecto a la directora general María Jesús Otero, Garzo dijo no haber apreciado nada.

En este sentido, señaló que no hubo investigación expresa en el ámbito de la Consejería cuando comenzaron a conocerse los hechos investigados en el 'Caso Marea'. No obstante, apuntó que se extremaron las precauciones en la contratación.

Asimismo, Garzo ha indicado que la competencia en materia de contratación descansaba en el consejero de Educación aunque había una delegación en materia de contratación menor, con sujeción a la ley de contratos del sector público, en la secretaría general técnica así como en los directores de los centros, bajo la orientación de la Dirección General de Planificación que era la que proponía y también la que finalmente comprobaba si la obra o servicio se había realizado.