La diputada del BNG Tareixa Paz ha exigido este miércoles ante el pleno de la Cámara gallega "la dimisión o el cese" del "corrupto" delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, "procesado" por "cobrar ilegalmente" ayudas comunitarias que "tuvo que devolver". Enfrente, la diputada del PP Paula Prado ha criticado sus "falsedades" y ha negado que esté "procesado", toda vez que está "imputado" pero todavía "no está concretada la acusación".

Fue la nacionalista quien apeló al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que lo destituya como máximo responsable del Gobierno gallego en la provincia ourensana, toda vez que "se erigió en látigo de la corrupción y en adalid de la ética política". "Sabemos todos perfectamente que Rogelio Martínez se enriqueció como alcalde de Arnoia y como diputado provincial", ha acusado, advirtiendo al mandatario de que mantenerlo en el cargo lo convertirá en "cómplice".

La réplica la dio Paula Prado, quien no sólo apeló a la "presunción de inocencia" de Martínez, sino que detalló, dando lectura a un auto de la Audiencia Provincial de Ourense, que el proceso que analiza una supuesta "malversación de fondos públicos" está todavía "abierto" y que, en él, se está "investigando a ocho personas" sin que estén todavía "concretadas las acusaciones". "Difícilmente puede estar procesado", ha resuelto, haciendo hincapié en lo "falso" de sus afirmaciones.

A renglón seguido, se ha referido al relato que hizo Tareixa Paz sobre la "condena" a devolver más de 51.000 euros de dinero procedente de una subvención europea. "No sabe diferenciar entre un proceso contencioso-administrativo y uno penal", ha observado, para explicar que una resolución del primer tipo obligó "a dos beneficiarios a devolver 56.000 euros" por entender que habían incumplido la obligación de mantener la empresa objeto de la subvención, una fábrica de biomasa.

En este sentido, ha apuntado que la vía contencioso-administrativa no dicta "condenas", al tiempo que ha asegurado que el dinero mencionado "no fue al bolsillo de Rogelio Martínez", como sostuvo la parlamentaria nacionalista. "Es una joya, un ejemplo de ética", contraatacó Tareixa Paz, antes de recordar que "la única defensa" de Martínez es "reconocer que falsificó documentos y cobró ilegalmente, pero que estos delitos ya prescribieron".

Tareixa paz, "CONDENADA"

Al respecto, Paula Prado ha criticado que la diputada del Bloque se "aproveche" de la Cámara para "convertirse en jueza", haciendo así en el Pazo do Hórreo "un juicio paralelo" con el que contrarrestar "los informes del Ministerio Fiscal que hablan de valorar la prescripción". "No está bien", ha enfatizado la también portavoz del PP, para recordar a la nacionalista que ella "sí fue condenada" por "vejación" al alcalde de la localidad ourensana de Barbadás.

Esta afirmación molestó a la diputada de la formación frentista, que aprovechó el cierre del debate para aclarar que su condena en "un juicio de faltas" fue "por llamar hijo de puta" al regidor después de que decidiera "quitar el transporte público". "Fue por estar al lado de mis vecinos; estoy orgullosa y volvería a repetirlo", ha proclamado, contraponiendo esta actitud con la de "malversar más de 50.000 euros" o, como este alcalde, "olvidarse de declarar 600.000 euros a hacienda".

Rogelio martínez, "PROCESADO"

Dicho esto, ha replicado a Prado que un auto posterior, del 5 de febrero de este mismo año, del juzgado de Ribadavia, que "procesa" a Rogelio Martínez para que "sea juzgado por la Audiencia Provincial de Ourense". Ante esto, ha concluido que "si es absuelto" será "por prescripción", ya que, ha sostenido, "los delitos los cometió y el dinero se pegó a su bolsillo".

Junto con esto, ha hecho un recorrido por "su historial" reseñando también "otro delito", esta vez de índole "electoral", que obligó a repetir las elecciones en una mesa en la localidad de la que era alcalde por "falsificación de los votos de los residentes ausentes". "Ésa es su joya", ha espetado a los populares, y ha advertido de que su voto sobre esta iniciativa los situará como "cómplices del corrupto" o "defensores de la honestidad en política".

Feijóo "lo ratificó"

La propuesta sí obtuvo el respaldo de los grupos de la oposición. De hecho, la diputada socialista María Quintas recordó que su partido lleva "desde 2009" pidiendo la destitución de "quien administra los fondos" de la Xunta en la provincia de Ourense por tejer "una supuesta trama de sociedades para cometer irregularidades" junto con un grupo de acción local.

"Pero Feijóo no sólo lo nombró en 2009, sino que lo ratificó de nuevo en 2012", ha censurado, considerando por ello que el presidente "mintió solemnemente" o "faltó a la verdad" de forma "indecente" cuando "dijo que perseguiría a todos los que en su partido se lucrasen de la política".

Por su parte, desde AGE, David Fernández Calviño ha defendido que una persona "manchada por malas prácticas" debido a "la mala utilización de fondos públicos no se puede mantener en el cargo". "Queremos gobernantes limpios que den ejemplo a toda la sociedad", ha demandado, lamentando que "ningún miembro" de la Xunta haya asistido a este debate sobre "la ética en política".

Nuevo mapa judicial

A mayores, en la sesión plenaria se debatió, a instancias de AGE, la constitución de una ponencia técnica para el estudio del nuevo mapa judicial gallego con la que defender la postura de Galicia en el ámbito estatal ante la reforma del mapa judicial, tal y como explicitó Yolanda Díaz.

Pese al acuerdo de PSdeG y BNG, Paula Prado ha explicado que el Consejo General del Poder Judicial remitió un borrador a los tribunales superiores de justicia de todas las comunidades para que hicieran alegaciones sobre un documento que prevé la eliminación de "la mitad" de los juzgados de España.

"En Galicia, los decanos lo devolvieron sin ninguna respuesta, porque decían que no se podían pronunciar mientras no se resuelvan cuestiones de arquitectura judicial, como los tribunales de instancia o el papel del fiscal en la instrucción", ha señalado, para justificar que no procede opinar hasta que el Gobierno remita "un texto".

Impuesto sobre las áreas comerciales

Otra cuestión que no contó con el respaldo del grupo mayoritario, aunque sí de socialistas y nacionalistas, fue la petición del diputado de AGE Antón Sánchez de crear un impuesto sobre las grandes áreas comerciales con el que favorecer al pequeño comercio.

Enfrente, la diputada del PP Cristina Romero replicó que el bipartito tuvo "oportunidad" para legislar en este sentido "y no lo hizo", sino que, por el contrario, durante su etapa de gobierno "proliferaron" los centros comerciales. Frente a ello, ha defendido que la Xunta ya puso en marcha un plan de "apoyo" al comercio.