El sindicato CSI.F dice tener "fundadas sospechas" de que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales tenga en su "agenda inmediata" proceder a la amortización de plazas de Auxiliares de Enfermería, "lo que generaría un serio problema de la gestión sociosanitaria y la confirmación de las manifiestas deficiencias que se vienen detectando en la atención a los pacientes".

Para confirmar este extremo, el presidente del sector autonómico de la Administración General de la Comunidad Autonómica, Roberto Rincón, presentó este martes un escrito ante la Consejería para pedir información al respecto, ha informado el sindicato en nota de prensa.

Según el sindicato, la Mesa Técnica de Educación del pasado 14 de febrero "sirvió para que la rumorología se convirtiese en hechos contrastados al confirmar los responsables educativos de la Comunidad la amortización de un 7% de las vacantes no cubiertas.

"Ahora, el ruido de los recortes se ceba en sanidad, donde tememos que se quiera proceder a la amortización de las vacantes en la categoría de Auxiliar de Enfermería, motivo que ha llevado a CSI.F a registrar un escrito ante la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para pedir explicaciones y aclaraciones sobre la veracidad de esos rumores", ha argumentado.

En opinión de CSI.F, si "esos rumores" son corroborados por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, "estaríamos ante la apertura de una brecha en la línea de flotación de la atención sociosanitaria en la región, pues supone la renuncia expresa de los responsables sanitarios a cumplir con los ratios exigidos en el informe Horizonte XXI, elaborado y consensuado por todos los técnicos de la región".

"Esa amortización eliminaría un número de plazas de auxiliares de enfermería que dificultaría mucho poder cubrirlas en el futuro, además del gravísimo inconveniente que crearía a los profesionales dedicados al servicio social básico de usuarios de la sociosanidad más frágiles y sensibles, tales como ancianos o disminuidos psíquicos", ha argumentado.

El sindicato ha pedido a la Consejería que reflexione y hable con los profesionales y los representantes de los trabajadores "antes de tomar una decisión que bien podría generar mayores inconvenientes que soluciones, pues ni siquiera razones puramente económicas y presupuestarias justifican una medida tan desproporcionada y perjudicial para los pacientes de los servicios sociales y la atención continuada".