Las exsecretarias generales técnicas de la Consejería de Educación del Principado, Begoña Fernández, y Ana María Fernández han confirmado este miércoles que era la dirección general de Planificación y Centros, dirigida por María Jesús Otero, imputada en el caso 'Marea', la encargada de supervisar todos los contratos menores de los contratos menores de mobiliario que realizaban los centros docentes asturianos, por mediación de sus directores.

Ana María Fernández fue secretaria general técnica de 2003 y 2006 y Begoña Fernández durante un año, en 2010. Han explicado que ese tipo de contratos no dependían de la secretaría general técnica porque el "centro gestor" era la dirección general de Planificación.

Así lo han señalado en su comparecencia en la comisión de investigación del caso 'Marea', la presunta trama de corrupción en la contratación pública asturiana que mantiene como imputados, entre otros, a Otero y al exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.

En una sesión previa de la comisión, Otero había declarado que ella, como directora general, no había no tenía ninguna competencia para firmar contratos menores ni de material.

Esa autonomía de los directores generales para realizar contratos menores, de acuerdo a la legislación estatal, estaba "bajo el control" de la dirección general de Planificación, ha dicho Ana María Fernández.

Por su parte, Begoña Fernández ha dicho que la contratación era responsabilidad de los directores de los centros, pero la competencia para controlar el proceso era de Otero. Era su dirección general la que controlaba el seguimiento y dirección de gasto de los centros educativos. Debía además informar favorablemente, según han explicado las comparecientes.

No le extraña a Begoña Fernández que las empresas de Igrafo y Almacenes Pumarín, cuyos responsables están imputados, hayan tenido bastantes contratos de suministro de material, dado que estaban en el sistema de contratos homologados, donde sólo había seis empresas. Para realizar esa homologación, por parte de la Consejería de Educación había un representante, siempre de la dirección general de Planificación.

Esos contratos pequeños no pasaban por la secretaría general técnica. Otro tipos de contratos, de mayor cuantía y negociados sin publicidad, sí pasaban. El papel de la secretaría general técnica era controlar que el procedimiento se adecuaba a las normas legales. "Nosotros nos encargábamos de ver si reunían las condiciones legales", ha indicado.

CONTROLES

El presidente de la comisión y diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha puesto a Begoña Fernández el caso de un contrato para un instituto de Infiesto, en el que es obligado al menos la presentación de tres ofertas. Prendes le ha dicho que las tres empresas que optaban eran del mismo dueño.

En respuesta a ese caso, Begoña Fernández ha señalado que esa es una cuestión que se habría podido detectar "a posteriori", pero ha dicho que la secretaría general técnica se limita a comprobar los requisitos que marca la ley. El tipo de problemas que planteaba Prendes "es casi imposible de detectar", ha manifestado, en el caso en que la empresa quiera defraudar a la Administración.