El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha anunciado que se ha dado traslado de las bases del concurso minero convocado por la Junta de Andalucía en las provincias de Huelva y Sevilla a las oficinas comerciales existentes en Perú y Canadá y a las oficinas de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) existentes en Chile y Reino Unido, zonas donde hay una importante actividad minera y empresas potentes en este sector.

En respuesta a una pregunta en pleno del Parlamento andaluz, el consejero ha destacado la importancia del concurso minero convocado por la Junta para dinamizar el sector de la minería y generar empleo.

Ávila ha recordado que se trata de la convocatoria de concurso minero "más importante de los celebrados en Andalucía" y está centrada en Huelva y Sevilla, pues la mayoría de los terrenos donde se desarrolla el concurso están localizados en municipios de la franja pirítica del norte de estas provincias.

Se trata de un concurso, ha añadido, que afecta a posibles yacimientos de minerales metálicos, con lo que se quiere aprovechar la elevada cotización de estos minerales en la actualidad, de manera que "se genere una actividad económica sólida y fuerte, y los avances tecnológicos que permitan rentabilizar explotaciones que antes lo eran o dejaron de serlo".

El consejero ha explicado que la legislación minera establece los requisitos y procedimientos que han de regirse en función del recurso geológico disponible o explotable, por ello, la adjudicación se realiza sobre terrenos francos, en los que han caducado anteriores derechos y que han sido declarado como tales. Una vez que los derechos han caducado, y declarados francos los terrenos, la Administración hace la adjudicación por concurso público.

Ávila ha indicado que ésta es la situación en que se encuentra la Junta de Andalucía, "con unos derechos caducados sobre terrenos francos, que con este concurso se quieren poner en circulación, dándolos a conocer al conjunto del sector y adjudicándolos para contribuir a la dinamización del sector minero, con el objetivo de generar empleo".

"Ahora es posible rentabilizar ciertos yacimientos, y eso es posible por precio y por la tecnología", ha agregado el consejero, quien ha recordado que las ofertas se pueden presentar a partir del pasado 5 de febrero, con su publicación en BOJA.

Asimismo, ha resaltado que también se ha publicado en el Boletín Oficial de la UE y se ha dado traslado de la convocatoria a las oficinas comerciales de Perú y Canadá y se ha dado traslado de dicha convocatoria a las oficinas de Extenda en Chile y Reino Unido, zonas de gran actividad minera y que posee importantes empresas del sector.

En concreto, la iniciativa desarrollada por la Junta recoge la declaración de terrenos francos en Huelva y Sevilla y la apertura del concurso para adjudicar los derechos minero, consistentes en derechos preferentes a la obtención de permisos de investigación. En total, 61 derechos (40 en Huelva y 21 en Sevilla) correspondientes a yacimientos de minerales metálicos, que suponen 80.930 hectáreas.

"merece la pena"

Los interesados tendrán cuatro meses para presentar sus ofertas, según indica el consejero, quien ha explicado que, una vez analizadas y valoradas las solicitudes, la Junta de Andalucía dictará resolución. En ese momento, los empresarios tendrán permiso para investigar por tres años, como antesala "lógica" antes de afrontar las "grandes inversiones" que exige la explotación, y que llevan aparejadas la realización de actividad en los terrenos, y movimientos económicos y de empleo.

"Con que uno de los de 61 proyectos pueda ver la luz, habrá merecido la pena todo este proceso", ha aseverado el consejero.

El titular de Economía ha señalado que este concurso minero va a permitir a la Administración andaluza "una tramitación con la mayor transparencia y un mejor conocimiento de la realidad minera de la comunidad, lo que supondrá, por tanto, una mejor planificación y dinamización de los recursos existentes, con todos los requisitos técnicos, económicos, sociales y medioambientales".

Por su parte, la diputada del PSOE Cinta Castillo ha destacado que estos proyectos "implica garantías económicas exigibles a las empresas, lo que conlleva una exigencia a las empresas de viabilidad de los proyectos, y garantías sociales para los trabajadores que participen en los mismos".