El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se ha mostrado este miércoles satisfecho por la posición consensuada a 27 para negociar un fin escalonado de los descartes, porque permite un calendario "razonable" y porque ofrece la "flexibilidad" necesaria para que la flota española cumpla la norma "sin sacrificios excesivos".

Los ministros de Pesca de la UE han pactado tras más de 20 horas de negociación en Bruselas que defenderán una prohibición por etapas de la práctica de arrojar al mar la pesca no deseada por su escaso valor comercial o problemas de conservación.

Esta posición deberán defenderla en los próximos meses ante el Parlamento Europeo, que tiene poder de decisión en la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y es partidario de otro calendario y una menor flexibilidad.

En el curso de las negociaciones, España presionó para obtener un compromiso de la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, de que habrá ayudas para los barcos más afectados por las modificaciones y logró "en el último minuto" una declaración política de la comisaria, según ha informado en rueda de prensa al término de las negociaciones Arias Cañete.

Damanaki ha confirmado a la prensa ese compromiso, pero no ha dado detalles ni cifras sobre el tipo de apoyo financiero que contempla, aunque el ministro español ha indicado que permitirá acompañar la "modernización" que requieran parte de los cerca de 60 barcos españoles que podrían verse afectados.

Bases del acuerdo

En concreto, lo que defenderán los 27 es que la prohibición se aplique de manera casi inmediata, el 1 de enero de 2014, para las especies pelágicas, pero que se aplace en los casos del mar Báltico (2015), en aguas del noroeste, suroeste y mar del Norte (2016), y, finalmente, en el Mediterráneo (2017).

En estos casos además, se dará más tiempo a la flota para adaptarse, de modo que habrá una transición de tres años para aplicar la norma paulatinamente, que será de dos años en el Mediterráneo por ser la región en donde su introducción está programada más tarde.

El ministro Arias Cañete ha destacado que, en la práctica, este calendario permitirá dar tiempo a la flota española a "mejorar la selectividad de sus artes, a introducir modificaciones en los buques e, incluso, adaptarse al cambio de mentalidad que supone pescar de manera diferente".

También ha explicado que el fin de los descartes en "las especies que más importan" a España entrará en vigor 2016, y no en 2015 como estaba previsto para la merluza, y a partir de 2019, en lugar de 2018, para las especies accesorias en las pesquerías demersales como el gallo y el rape.

Margen autorizado de descartes

Entre las concesiones más celebradas por España figura la autorización de permitir un determinado margen de descartes que irá progresivamente del 9% al 7% en un periodo de cinco años que arrancará en 2019, con un 9% de descartes autorizados los dos primeros años, un 8% los dos siguientes y de un 7% en el quinto.

Esta posibilidad permitirá a la flota española pescar y descartar un porcentaje de especies con "muy difícil conservación" como el jurel, la bacaladilla y ochavo, según ha explicado el ministro Arias Cañete. España intentó que se aprobaran exenciones para excluir por completo a estas especies de la política de descartes, pero no logró el apoyo necesario.

Otra medida que beneficiará a los pescadores españoles es la flexibilidad propuesta para que la flota pueda traspasar hasta un 10% de cuota de una especie objetivo que no haya agotado para cubrir parte de los descartes.

"Es uno de los elementos más beneficiosos para la flota española porque va a permitir tener acceso a especies que no podíamos desembarcar y que tienen gran valor comercial, como el bacalao, el lenguado y el merlán", ha subrayado el ministro, tras recordar que España no negoció cuotas relevantes en determinadas especies muy rentables cuando entró en la UE.

Como resultado de estas modificaciones, los Estados miembros entienden que los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas deberán actualizarse con una "subida generalizada" al pasar a computar todo lo capturado.

Los países, sin embargo, no han especificado en su acuerdo el modo en que se realizarán los controles para garantizar que los buques cumplen con las nuevas prohibiciones, ya que se trata de una competencia nacional sobre la que debe decidir cada gobierno.