Un ciudadano afgano en situación irregular y que no puede regresar a su país porque se vería obligado a unirse al Ejército ha sido sancionado 177 veces desde 2008 por venta ambulante y acumula una deuda de 60.000 euros con el Ajuntament, según denunció ayer la Síndica de Greuges (Defensora de las Personas) de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.

Este caso, como el de otro ciudadano afgano multado 94 veces entre 2009 y 2011 ­–aunque le retiraron las multas por no haber sido debidamente identificado– pone en evidencia la ineficacia de sancionar a los colectivos más vulnerables, como las prostitutas. «Está claro que la ordenanza de civismo es ineficaz», sentenció Vilà, quien recuerda que las multas difícilmente se cobrarán, porque suelen ser insolventes y su tramitación tiene un coste para el erario.

Además, la ordenanza de civismo, aprobada hace seis años, incluye un plan de reinserción sociolaboral para quienes ejercen la mendicidad, la prostitución o la venta ambulante, pero los sin papeles están excluidos. Es por ello que la Síndica propone modificar la normativa y establecer los importes de las sanciones en función de la capacidad económica de los infractores.

La normativa también castiga el ruido. 2012 fue «especialmente problemático» en cuanto a molestias derivadas del ocio nocturno. Vilà, que aboga por buscar una solución entre todos los agentes implicados, gestionó 42 quejas, una de ellas respaldada por 1.000 vecinos. El problema se ha «cronificado» en varias plazas de Gràcia, la calle Blai y otros puntos del Poble Sec y las discotecas del Poblenou.