Los grupos parlamentarios se han comprometido este martes a estudiar "la mejor fórmula" para aplicar la ley de Transparencia a los partidos, los agentes sociales y las "entidades e instituciones que se financian esencialmente a través del dinero público", lo que podría afectar a la Casa Real.

Este acuerdo se ha incluido en una propuesta de resolución consecuencia del debate del estado de la nación que han firmado PP, CiU, UPyD, UPN y CC con el objetivo de suscribir un pacto contra la corrupción y la Transparencia. El PNV ha votado a favor, pero el PSOE e Izquierda Plural, a pesar de compartir buena parte de sus propuestas, se han abstenido.

Ha sido el portavoz de CiU, Pere Macías, quien ha subrayado ante el pleno del Congreso que se estudiará la posibilidad de que la Corona se someta a la ley de Transparencia al ser una institución que se financia con recursos públicos.

En su propuesta inicial, el PP hablaba sólo de "entidades", y no de "instituciones", pero fuentes del grupo parlamentario han dejado claro que su posición no ha cambiado y que han aceptado esta nueva redacción en aras del consenso para lograr un pacto abierto.

En opinión de los populares, podrían quedar bajo la ley de Transparencia los recursos públicos que emplean diversos ministerios -como Interior o Asuntos Exteriores-, al servicio de la Casa Real, pero no la propia Casa Real, ya que la Constitución establece que el Rey "distribuye libremente" la cantidad que recibe de los presupuestos "para el sostenimiento de su familia y Casa". El debate se abrirá cuando se presenten las enmiendas a la ley de Transparencia.

Al margen de esta cuestión, la resolución apuesta por un acuerdo de las fuerzas políticas para luchar contra la corrupción que debería incluir un "pacto ético" sobre el tratamiento de los distintos casos y de los encausados y una comisión independiente formada por personas de reconocido prestigio social que remita al Parlamento un informe con propuestas para regenerar la democracia.

Se insta además al Gobierno a presentar los proyectos que anunció Mariano Rajoy en el debate del estado de la nación: una ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos; una reforma de la ley del Tribunal de Cuentas; una reforma de la ley de contratos del sector público; una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas, y la reforma del código penal y de la ley de enjuiciamiento criminal.

En el ámbito parlamentario, además de las propuestas relativas a la ley de Transparencia, se pide la puesta en marcha inmediata de la Oficina presupuestaria de las Cortes Generales. Los firmantes del acuerdo reclaman también que se estudien medidas para regular el trabajo de los lobbies y para modernizar las campañas electorales en puntos tan concretos como su duración, la realización de sondeos o la celebración de debates.

Se deberán estudiar asimismo propuestas contra el transfuguismo políticos, iniciativas para facilitar las iniciativas legislativas populares y la reforma de la ley electoral para mejorar el voto desde el extranjero.

La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha reconocido el esfuerzo realizado por todos los grupos, y en concreto por el PP, para lograr el consenso y, aunque no se ha conseguido, ha apostado por seguir trabajando para aprobar medidas legislativas concretas en las que todos los partidos están de acuerdo. Rodríguez ha aprovechado además su intervención para recordar al PP que "cada uno tiene que hacerse cargo de su pasado", en referencia al caso Bárcenas.

Fuentes socialistas han confirmado después que ha sido precisamente por la gestión que están haciendo los populares de ese caso por el que el PSOE ha decidido no sumarse en estos momentos al pacto contra la corrupción. Por su parte, el portavoz del PP en el debate, José Antonio Bermúdez de Castro, ha considerado que es la justicia la que debe "mirar al pasado" de la corrupción, mientras al Congreso le corresponde legislar "de cara al futuro".

El pleno del Congreso ha aprobado además dieciséis resoluciones derivadas del debate sobre el estado de la nación, de las 105 que presentaron todos los grupos, catorce de ellas del PP, otra la consensuada entre varios grupos sobre la corrupción y una iniciativa del PNV.

La mayoría de las resoluciones que han salido adelante son las presentadas por el grupo mayoritario, el PP -algunas con enmiendas y el apoyo de otros partidos, incluido el PSOE-, y buena parte de ellas son de carácter económico.

El grupo popular, no obstante, sólo ha permitido que saliera adelante -al margen del consenso alcanzado en corrupción- una propuesta de resolución de la oposición: una petición del PNV para que la reforma local tenga en cuenta la "singularidad foral" del País Vasco.