Los alcaldes de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, de A Coruña, Carlos Negreira, y de Alcalá de Guadaira, Antonio Gutiérrez, junto con el teniente de alcalde de Granada, Francisco Ledesma, han mostrado este martes por escrito su "rechazo frontal y absoluto" a la decisión unilateral de General Dynamics de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que conlleva despidos.

El texto ha sido firmado tras la reunión de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) junto al presidente del comité intercentros de Santa Barbara, Esteban Elorza, y los delegados sindicales de CCOO y UGT, José María Ordóñez y Roberto Teijido, respectivamente.

En el documento, los alcaldes y comités de empresa han querido expresar su rechazado al anuncio de la multinacional que conllevará despidos en las oficinas centrales ubicadas en Madrid, en las factorías de Trubia (Oviedo), Granada y Alcalá de Guadaira, así como el cierre de la fábrica de armas de A Coruña.

Igualmente, manifiestan el "apoyo rotundo e incondicional" a los trabajadores de las factorías afectadas, plantillas "con una elevada cualificación y con un demostrado compromiso con la empresa a lo largo de toda su historia".

Así, exigen a General Dynamics la "suspensión inmediata" del ERE y que proceda a la apertura de una mesa de negociación para abordar un plan de viabilidad "que garantice la reactivación de la actividad productiva y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo".

Además, aspiran a recabar desde las corporaciones locales de las ciudades afectadas "todos los apoyos necesarios" del tejido social, empresarial y vecinal para defender "unidos" los puestos de trabajo de las factorías amenazadas por el ERE y la permanencia de la fábrica de armas de A Coruña.

Asimismo, se suman a todas las acciones que se emprendan desde los comités de empresa de las factorías afectadas; pretenden presentar una moción conjunta de todos los grupos municipales en defensa del mantenimiento de todos los puestos de trabajo y trasladarla a los comités de empresa y a todas las administraciones para iniciar acciones conjuntas en defensa de la continuidad de la actividad; y se comprometen a solicitar a los gobiernos autonómicos su implicación en las acciones impulsadas, así como la colaboración del Gobierno central para lograr "el mantenimiento de este sector estratégico".