El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha asegurado este martes en el Pleno del Parlamento que la reducción de salario y jornada a 3.300 empleados públicos no afecta a los servicios ni "paraliza" la Administración, y ha insistido en que su "prioridad" son los parados.

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto, ha subrayado que Canarias tiene más de 360.000 desempleados, y ha reconocido que como en cualquier empresa, el Ejecutivo canario debe hacer "ajustes" y buscar "fórmulas" para mantener puestos de trabajo.

"En lugar de hacer despidos masivos, optamos por la flexibilización de tiempo y trabajo. No afecta a los servicios esenciales y la medida funciona razonablemente bien. En 2010 teníamos más de 8.100 millones de presupuesto y ahora poco más de 6.000. Hay que ajustar el gasto a la realidad, incluido el personal", ha comentado.

El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez (NC), ha pedido a Rivero que revoque la decisión porque ha sido "improvisada" y no se ha tomado para mejorar el funcionamiento de la Administración, sino impulsada por los "recortes".

Según Rodríguez, la medida ha afectado a la gestión de la Ley de Dependencia y el funcionamiento del Servicio Canario de Empleo, y ha advertido de los riesgos de la "judicialización" del caso y de que se cree un clima laboral "deplorable".